Fiscalía forma Nueva Unidad de protección de derechos de trabajadores


-La “Unidad de Justicia para el Lugar de Trabajo También se Centra en la Trata Laboral


 


SAN DIEGO.- La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció hoy la formación de una nueva “Unidad de Justicia en el Lugar de Trabajo” que se dedicará a proteger los derechos de los trabajadores, enjuiciar los casos de robo de salario y detener la trata laboral. El anuncio es una respuesta comunitaria que se produce unas semanas después de que la Fiscal del Distrito organizara un panel de justicia en el lugar de trabajo en asociación con el Supervisor del Condado de San Diego, Nathan Fletcher, para identificar formas de proteger mejor a los trabajadores en todo el condado, muchos de los cuales provienen de minorías y personas de comunidades desfavorecidas.


 


“Junto con la Comisionada Laboral de California, Lilia García-Brower, y nuestros socios encargados del orden público, trabajaremos aún más para brindar justicia a los trabajadores que son abusados ​​repetidamente por empleadores deshonestos”, dijo la Fiscal de Distrito Summer Stephan. “El robo de salarios y la trata laboral son problemas graves en los que estamos trabajando en asociación con la comunidad. No vamos a permitir que los trabajadores sean explotados por empleadores despiadados y codiciosos que violan la ley para llenarse los bolsillos”.


 


Muchas formas de injusticia en el lugar de trabajo son de naturaleza civil, como el acoso sexual, la discriminación o las represalias. Pero el robo de salarios y la trata laboral son actos que pueden justificar un enjuiciamiento penal. El robo de salario ocurre cuando los empleadores no les pagan a los trabajadores de acuerdo con la ley. Esto podría incluir no pagar los salarios ganados, pagar menos del salario mínimo, no pagar horas extra, no permitir que los trabajadores tomen descansos para comer y descansar, requerir trabajo fuera del horario de trabajo, recibir propinas de los trabajadores o clasificar erróneamente a los empleados como contratistas independientes autónomos. La trata laboral es cuando una persona se ve obligada a proporcionar mano de obra o servicios mediante coacción, como violencia, amenazas, mentiras, fraude, confiscación de documentos legales o para pagar una deuda.


 


La nueva Unidad de Justicia en el Lugar de Trabajo de la Fiscalía está compuesta por un fiscal dedicado, un investigador de la Fiscalía y un asistente legal. La Unidad procesará las prácticas comerciales injustas, las infracciones de salarios y horas, la evasión de impuestos sobre la nómina, el robo de salarios y los casos de trata laboral. Con ese fin, la División de Fraude de Seguros de la Fiscalía será rebautizada como División de Justicia en el Lugar de Trabajo y Fraude de Seguros.


 


La Oficina de la Fiscalía de Distrito ha procesado durante mucho tiempo casos de robo de salario a través de su División de Fraude de Seguros, pero solo si se incluye o investiga un cargo de fraude de compensación para trabajadores que lo acompaña.


 


Entre 2011 y 2012, los propietarios de State Street Grill estuvieron involucrados en un esquema de nómina que violaba las leyes de salario mínimo de California. Los propietarios anunciaron en Craigslist la colocación inmediata de puestos de meseros y cocineros. Ofrecerían el puesto al empleado propuesto si aceptaban trabajar sin paga durante los primeros siete días. Esto se consideró un “período de formación”. Si, después de una semana de trabajo no remunerado, el empleador estaba satisfecho con el desempeño del empleado, le prometió al empleado que se “pondría en el horario” y se le pagaría en el futuro. A menudo, los empleados no fueron contratados ni remunerados. Al final, los investigadores descubrieron que se trataba de una estratagema para operar el negocio con poca o ninguna nómina. El enjuiciamiento del dúo padre e hijo resultó en la restitución cobrada para 38 víctimas por un total de $108,000.


 


En 2018, los propietarios de Fairhill Castle fueron condenados por robo de salario después de operar varias instalaciones de cuidado en las que pagaban a los empleados menos del salario mínimo. Se contrató a empleados de las Filipinas para que trabajaran las 24 horas del día, y a menudo se les pagaba $1,500 al mes. Este esquema violó las leyes estatales de horas extras, que requieren tiempo y miedo por más de ocho horas al día y doble pago por más de 12 horas de trabajo por día. Con la asistencia de la Oficina del Comisionado Laboral, la Oficina de la Fiscalía de Distrito obtuvo $220,000 en restitución para las víctimas.


 


Para proteger más eficazmente a los trabajadores y buscar justicia equitativa en el lugar de trabajo, la Oficina de la Fiscalía de Distrito está educando al público sobre los derechos de los trabajadores a través de una tarjeta de mano en inglés y español y ha creado una página web pública donde cualquier persona puede obtener información sobre la justicia en el lugar de trabajo y donde las víctimas de delitos en el lugar de trabajo pueden reportar directamente a la Oficina de la Fiscalía de Distrito. Además, los trabajadores también pueden llamar a la línea directa de justicia en el lugar de trabajo para realizar una denuncia o denunciar reclamaciones directamente en el sitio web de la Fiscalía de Distrito.


 


“La Unidad de Justicia en el Lugar de Trabajo es un paso vital hacia el nuevo enfoque del Condado de San Diego en proteger los derechos de los trabajadores y luchar por la equidad de los empleados”, dijo Nathan Fletcher, Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. “Esto contribuirá en gran medida a garantizar que pisoteamos nuestra desigualdad de ingresos, pero debemos hacer más. Pronto buscaremos una ordenanza de salario digno, instalaremos un programa de retiro y retención de trabajadores y presentaremos una propuesta para una oficina de Cumplimiento de Normas Laborales. Este marco para los derechos de los trabajadores restaurará la equidad y las oportunidades para todos los habitantes de San Diego”.


 


El procesamiento de este tipo de casos de justicia penal en el lugar de trabajo requiere cuidado y experiencia especial. Los casos se remitirán a la Oficina de la Fiscalía de Distrito de parte de los socios de la comunidad, incluidos los grupos de vigilancia como MCTF, el Centro de Derechos de los Empleados, la Línea Directa de la División de Fraude de Seguros, las empresas competidoras y los propios empleados. La Oficina de la Fiscalía de Distrito a menudo recibe casos del Comisionado Laboral, que tiene una amplia gama de responsabilidades de cumplimiento, incluida la inspección de los lugares de trabajo en busca de violaciones de salarios y horas, adjudicación de reclamos salariales, investigación de quejas de represalias y educación del público sobre las leyes laborales.


 


“Robarle a alguien el salario que tanto le ha costado ganar es inconcebible y debe tener consecuencias”, dijo la Comisionada Laboral Lilia García-Brower. “Aplaudo a la Fiscal de Distrito Stephan por su compromiso renovado de asociarse con mi oficina y proporcionar recursos enfocados para responsabilizar a los empleadores que violan la ley. Debemos tener en cuenta el elemento criminal en la economía de California. Trabajar en colaboración para procesar los atroces crímenes de trata de personas y robo de salarios es nuestro deber para proteger a los trabajadores”.


 


Los delitos de robo de salario y la trata laboral a menudo se consideran parte de la economía clandestina. La economía clandestina en rápido crecimiento le cuesta a California aproximadamente $9 mil millones en ingresos fiscales no cobrados e impone cargas financieras significativas a los propietarios de negocios que cumplen con las leyes laborales, de licencias y de impuestos sobre la nómina. Los empleados de empresas que operan en la economía clandestina también se ven afectados. Las condiciones de trabajo a menudo pueden no cumplir con los requisitos legales, los salarios pueden ser inferiores a los requeridos por la ley y los beneficios a los que tienen derecho los trabajadores pueden retrasarse o incluso negarse debido a que el empleador no informa adecuadamente los salarios. Este esquema también puede trasladar la carga fiscal al empleado con la consecuencia final de la erosión de la estabilidad económica y las condiciones laborales para todos los trabajadores.


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