Una excavadora retira las enormes piedras que obstruyen el acceso hacia una bodega en Barcelona. Cuando lo logran, carros y furgonetas de policía pasan hacia el recinto. Van agentes antidisturbios de refuerzo para los miembros de los Mossos d´Esquadra (Policía catalana), que han tratado de entrar durante las últimas horas. Todo ese dispositivo, con 200 policías, se necesitó para desalojar este fin de semana una fiesta ilegal en Barcelona, que reunió cerca de medio millar de personas que no guardaban las medidas de bioseguridad y se negaban a irse.
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Una mujer con el torso desnudo increpa a los agentes. “¡Estamos escuchando música, tenemos todo el derecho, no hay peleas”, les dice. Ni ella ni sus acompañantes llevan tapabocas y nadie mantiene la distancia de seguridad. Finalmente la rave (fiesta de tres días) termina, luego de al menos 40 horas desde que empezó: desde el 31 de diciembre antes de las nueve de la noche, cuando los vecinos la denunciaron, hasta el 2 de enero al mediodía. La idea de los organizadores, sin embargo, era continuar hasta el 4.
El incidente puso en la vitrina el peligro de las fiestas ilegales entre jóvenes, que se producen en España desde el verano.
“En estos momentos hacer fiestas y reunir a gente sin las medidas de seguridad es una auténtica locura”, explica a EL TIEMPO el doctor Fernando Prados, coordinador del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, que se acaba de inaugurar en Madrid para hacer frente al coronavirus. “Pero el problema no está solamente en que esa gente puede contagiarse, sino que tiene su convivencia con otras personas a las que van a poner en riesgo con seguridad; si no siguen unas normas de higiene ni las que están diciendo las autoridades, es fácil que entre tantos haya alguien que pueda estar contagiado y por lo tanto pueden contagiarse y pasarlo a su grupo cercano, a sus familiares”, agrega.
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Las reuniones de jóvenes se reproducen por todo el país, ya sea en restaurantes y bares a puerta cerrada, en discotecas y en casas privadas. Se han presentado casos en los que los asistentes se esconden debajo de las camas y dentro de closets para que la Policía no los detecte.
En Madrid, por ejemplo, la Policía ha llegado a desalojar hasta 350 reuniones en un fin de semana. “Están juntando gente, que no se sabe si están infectados o no, y eso es un vector de propagación importante”, afirma José Luis Morcillo, comisario general de la Policía Municipal de Madrid. “Y el local, como está cerrado, y por miedo a la actuación de la Policía, no deja salir a los clientes, les quitan los teléfonos, no les dejan llamar por teléfono”, agrega. “Hemos tenido casos de tener secuestradas, detenidas ilegalmente, a cerca de cuarenta personas en varias ocasiones”.
En España se superan los 51 mil muertos por covid-19 y se empieza a hablar de la tercera ola. Las reuniones entre jóvenes han constituido uno de los principales medios de contagio desde que terminó el confinamiento en junio del año pasado y son responsables de numerosos rebrotes de la segunda ola.
“Ese tipo de reuniones no es que deban estar prohibidas es que la gente debería de ser consciente de que está haciendo un daño enorme al resto porque en salud pública el fallo de uno es un foco más de posibilidad de contagiar a otras personas y cuantas más personas se contagien mayor es el número de las personas que lo harán con síntomas graves y mayor será el número de personas que mueran”, advierte Prados.
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID
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