La subdirectora de Dejusticia, Diana Guzmán, habló sobre las cuatro demandas que interpusieron contra las elecciones de los ministros Daniel Palacios (Interior), Diego Molano (Defensa), Felipe Buitrago (Cultura) y Víctor Muñoz, del Dapre, por el incumplimiento de la Ley de Cuotas.
La palabra empeñada, cuando se incumple, se hace aún más evidente. Por eso organizaciones feministas y Dejusticia se preguntan los motivos por los que el presidente Iván Duque no ha mantenido su promesa de un gabinete paritario o, por lo menos, un gabinete que cuente con al menos un 30% de participación femenina, según lo determina la Ley de Cuotas. La cifra actual es de apenas del 27.7% de mujeres ministras. Peor escenario se vive en los departamentos administrativos, donde solo hay una mujer (Susana Correa), que representa solo el 16%.
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Con motivo de este desfase con la cuota impuesta a través de la Ley 581 de 2000, Dejusticia, Sisma Mujeres, Humanas y la Red Nacional de Mujeres demandaron la elección de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y los ministros Daniel Palacios (Interior), Felipe Buitrago (Cultura) y Diego Molano (Defensa), quienes representan las últimas personas deisgnadas por el primer mandatario que, en principio, debió de pensar en al menos una mujer para alguna de las carteras. Hablamos con Diana Esther Guzmán, subdirectora de Dejusticia, que nos cuenta detalles de las demandas.
Desde hace varios años, ustedes le vienen siguiendo la pista al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 y lo que hemos visto que son varias veces las que se han incumplido, y se suma el nuevo caso en el gobierno Duque. ¿Por qué hoy en día siguen esas prácticas?
En efecto, esto no es nuevo, lastimosamente, y viene pasando desde que inició la ley. Hemos tenido momentos de cumplimiento, pero no se ha logrado sea sostenido. Para nosotrso esto es problemático.
¿Por qué resulta siendo problemático?
Es por dos razones. La primera, tiene que ver con argumentos relacionados con la desigualdad de género y con lo que eso implica para los derechos de las mujeres en una sociedad como la colombiana. Lastimosamente lo que estamos viviendo es que la desigualdad sigue siendo un hecho concreto y que se ve reflejado, en este caso, en la dificultad que tienen los gobiuernos para cumplir la ley. Es una dificultad que no está fundada en un hecho empírico, porque hay mujeres con calidades y requisitos suficientes para ser ministras y ser nombradas. Sin embargo, sigue habiendo unas ramificaciones de la desigualdad que evitan que esto se concrete en igualdad efectiva en los altos cargos de decisión del Estado. También en los de representación, pero ese es otro tema con otras característica.
¿Y qué significa que se sigan presentando esas “ramificaciones de la desigualdad”?
Esto tiene implicaciones concretas para los derechos de las mujeres, para la igualdad efectiva de las mujeres y, sobre todo, esto se conecta con un problema para la democracia, porque al mantener la exclusión de un grupo poblacional tan importante como las mujeres, que representamos más del 50% de la población, lo que estamos viendo son unos límites específicos de nuestra democracia. Es decir, lo que estamos viendo es una democracia deficiente que no logra realmente la representación e inclusión de todos los sectores.
¿Y cuál es la segunda razón?
La segunda razón es que la ley hay que cumplirla, es decir, no tiene sentido que en pleno 2021, más de 20 años de expedición de la ley de cuotas, sigamos teniendo dificultades estructurales para el cumplimiento de la normativa. Creemos firmemente que el presidente y el Gobierno Nacional son los primeros llamados, no los únicos, a cumplir y dar ejemplo. El cumplimiento de la ley es un requisito fundamental para el Estado de Derecho y creemos que en el Estado de Derecho y en el cumplimiento de las normas son fundamentales para evitar que se configuren situaciones de incumplimiento de la ley que no tengan una respuesta efectiva por parte del Estado y por parte de la sociedad. Por eso creemos que hay que seguir denunciando este tipo de situaciones y generar las condiciones para que haya un cambio y el cumplimiento de la ley sea lo menos problemático posible.
De las veces anteriores que ustedes han demandado, ¿qué bases ha sentado el Consejo de Estado que, al parecer, las administraciones no tienen en cuenta porque se sigue incumplimiento la Ley de Cuotas?
Esta no es la primera vez que nosotros interponemos una demanda por esta razón, varias de las organizaciones de mujeres que hacen parte de estas cuatro demandas, desde hace muchos años, vienen utilizando distintos mecanismos judiciales para intentar el cumplimiento de laley. En su momento, recién aprobada, ellas empezaron con acciones de cumplimiento que no dieron los furtos que esperaban. Luego en 2012 nosotros llegamos, por primera vez, con esta idea de una acción de nulidad. Nos concentrarnos no tanto en exigir el cumplimiento directo de la ley, sino en demostrar que el incumplimiento de la ley genera un vicio en los nombramientos de estos ministros, porque son decretos que violan directamente la ley y la Constitución.
¿Cuáles han sido las dificultades en los procesos jurídicos? Porque se ha visto que antes de que se falle, el presidente hace cambio de gabinete…
Esto no está mal, en el fondo lo que perseguimos no es la declaratoria de la nulidad en sí, sino que se cumpla la cuota. Lo que ocurrió en 2012 es que el presidente Santos, una vez el Consejo de Estado admitió las demandas, es decir, cuando se dio cuenta de que esto iba en serio y que se podía fallar en su contra y declarar la nulidad en estos actos, lo que hizo fue cambiar la composición de su gabinete. El Consejo de Estado se manifestó a través de un auto con el que precisó que no se podía pronunciar de fondo, porque la situación fáctica cambió y ya no había una violación del 30%, pero enfatizó que esa sí era una causal de nulidad, que en efecto habría procedido esa declaratoria y que el Gobierno no cumplió la ley.
¿Por esto no hay algún tipo de sanción, bien sea al presidente o a quien la incumpla?
En principio, creo que lo fundamental es el cumplimiento, no la sanción. De hecho, nuestra meta como demandantes es asegurar eso, que se cumpla la cuota por razones de igualdad y por razones respecto al Estado de Derecho. Es más, con esto no pretendemos que se crea que estamos en contral del Gobierno o que estamos buscando la nulidad por la nulidad, sino que se cumpla la cuota y que se corrija la situación, que resulta injusta con los problemas de las mujeres y el Estado de Derecho.
Dice que no es una afrenta contra el Gobierno, sino para que se cumpla la ley. Sin embargo, el presidente prometió un gabinete paritario, ¿qué mensaje hay atrás cuando ni siquiera cumple la cuota?
Es un motivo de preocupación para nosotros, pues su anuncio inicial y la forma cómo lo presentó al público fue muy importante. En ese entonces, lanzó un mensaje importante para los otros servidores y la sociedad, de que abrazaba la igualdad, la equidad de género, icnluso, la paridad. Al incumplir, el mensaje es aún peor, de que le dejó de importar o ya no cree en la igualdad. Lo que demuestra es su falta de compromiso con la garantía de los derechos de las mujeres y sigue lanzando un mensaje de que entonces las leyes se pueden violar.
Además de los nombramientos de ministros, también está el de Víctor Muñoz como director del Dapre, ¿qué otras categorías de cargos le han seguido la pista por incumplimiento de cuotas?
Nosotros por ahora estamos en los máximos niveles de decisión porque creemos que eso puede tener un efecto en los otros niveles. Hemos analizado la situación de los ministerios, donde hay un incumplimiento del 30%. En los departamentos administrativos es más evidente. Al menos en los ministerios hay un 27% de mujeres, en el caso de los departamentos administrativos es el 16%. Hay una sola mujer como directora. El otro caso que hemos analizado es el de las Superintendencias. Ahí lo que nos dimos cuenta es que efectivamente no se está cumpliendo la ley de cuotas, pero no estábamos a tiempo de demandarlo, porque los nombramientos se hicieron hace un tiempo.
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