El magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia una semana antes de que se ordenara el encierro casi total de la población por la pandemia del Covid-19, en marzo pasado. Hoy mira en retrospectiva lo que implicó para el sistema judicial colombiano adaptarse rápidamente a esa circunstancia impensable.
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En esta entrevista se refiere a los eternos problemas presupuestales, a la reforma a la justicia, a las críticas por la supuesta politización de jueces y magistrados, a la respetabilidad de las altas cortes. No deja de lado las decisiones más importantes del 2020 y los retos para este año. El 21 de enero se elige nuevo presidente de la Alta Corte.
¿Qué implicaciones ha tenido la virtualidad en la labor de la Rama Judicial en Colombia?
El impacto fue desproporcionado. De un momento a otro nos vimos abocados a cerrar las instalaciones físicas de los despachos judiciales. Pero la Rama Judicial no fue inferior a la obligación de administrar justicia. Nos dimos a la tarea de enfrentar ese reto y lo hemos venido superando. Hemos venido desenredando esa maraña a la que nos condujo la pandemia. Por ejemplo, escanear los expedientes y subirlos a la nube. Empezamos con las uñas sin los escáneres suficientes.
¿Qué hicieron presupuestalmente para cubrir esas nuevas necesidades?
Somos conscientes de que administrar esta pobreza franciscana no es fácil, solicitándole a la Dirección Ejecutiva, de Administración Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, “ayúdenos, suminístrenos los equipos para poder cumplir esta labor”. Nos han dotado de algunos elementos, pero aún es insuficiente. De hecho, solicité más escáneres, más computadores, más equipos de mejor tecnología. Desde 1996 la Ley Estatutaria nos impuso el deber de acudir a las tecnologías para la correcta administración de justicia. Pero tuvo que ocurrir lo de la pandemia para que realmente nos metiéramos de lleno en esa modalidad laboral a través de la tecnología.
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Los estudiantes han tenido todos los tropiezos de conectividad para poder asistir a las clases virtuales. ¿Pasa lo mismo con la justicia?
Les voy a decir algo y espero que me crean. Aquí en la Corte Suprema de Justicia hemos tenido muchos problemas de conectividad hasta hace unos días. Era insuficiente la capacidad para conectarse a las reuniones virtuales. Si pasa aquí en Bogotá, ¡qué decir de Ayapel o Leticia!
¿Cuáles son las cifras más destacadas de la Corte Suprema?
La Corte Suprema de Justicia se puso el delantal, no cerró un solo día y siempre ha estado atenta al cumplimiento de sus deberes. Por ejemplo, durante la pandemia, entre el 19 de marzo y el 10 de diciembre, en materia de acciones constitucionales, profirió 9.704 sentencias. Las sentencias en otros procesos ordinarios son casi 4.000. Suman 13.637 sentencias en medio de la pandemia, en medio del abandono.
Durante la pandemia, entre el 19 de marzo y el 10 de diciembre, en materia de acciones constitucionales, profirió 9.704 sentencias
En procesos ordinarios se produjeron 14.500 autos. En menos tiempo, con esta dificultad, se produjo casi lo mismo que durante todo el 2019. Es un buen síntoma de que la tecnología sí sirve para un mejor desempeño en nuestras actividades judiciales.
La Rama Judicial ha sido la cenicienta entre las ramas del poder público. ¿Sigue siendo así?
En materia presupuestal siempre ha sido considerada una convidada de piedra. La Rama solicitó un presupuesto de 6 billones para el 2020 y le asignaron 4 billones 600 mil millones. Ahí ya empieza a cojear porque no le dan lo suficiente y se ve comprometido el cumplimiento de sus deberes. También hay un problema grave derivado de esa falta de presupuesto y es la carencia del recurso humano. Para que se considere una administración de justicia eficiente y eficaz, las cifras internacionales indican que se requieren 65 jueces por cada 100 mil habitantes. En Colombia hay 12.
Estamos en un déficit descomunal que redunda en congestión judicial. Si no tiene presupuesto para la creación de cargos, no hay administración de justicia pronta, oportuna, eficaz y eficiente, que es lo ideal según los mandatos constitucionales. En tantas reformas judiciales que se han dado, siempre hemos solicitado que tengamos autonomía presupuestal para la asignación, manejo e inversión de los recursos propios de la Rama. Es decir, que no estemos supeditados al Gobierno, que nos esté girando a cuentagotas.
En la cotidianidad de la Corte, ¿de qué manera se nota?
Hay un problema delicado y es la falta de autonomía al interior de la propia Rama Judicial. ¿Cómo es posible que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia no pueda ir a practicar unas pruebas de un proceso penal a otra ciudad porque no hay para viáticos? Hay que estar mendigándole al gobierno de la Rama, al director Ejecutivo del Consejo Superior, para que nos asignen más plata para viáticos. Eso también tiene que revisarse. Seguimos en las mismas.
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El presidente Duque nos ha dicho en varios foros que el Gobierno tiene el compromiso de revisar el presupuesto de la Rama Judicial. Siempre le hemos solicitado que nos asigne un presupuesto del 5, 6, 10 por ciento del Presupuesto General de la Nación para la Rama Judicial y se acaba el problema. Pero no ha sido posible.
Se ha planteado una reforma a la justicia y se ha llegado a proponer que solo exista una corte. ¿Está de acuerdo con eso?
Hay voces apocalípticas diciendo que es necesario la revocatoria de las cortes. Difiero sustancialmente de esa propuesta. El problema en la justicia no es que haya una, dos, tres o cuatro cortes. El real problema de la justicia es que no hay suficientes mecanismos legales, constitucionales, reglamentarios para hacer efectiva una pronta y eficaz administración de justicia. Se requiere de más jueces. Que el ciudadano tenga la tranquilidad de acceder a los jueces de la República y vea que sus problemas están siendo solucionados de manera rápida y eficaz. Ese es el sentir de una verdadera reforma a la administración de justicia. Eso de que sean ocho años, 12 años de un magistrado, que si hay cooptación pura, que si hay cooptación mixta en las cortes no le interesa al ciudadano.
Todo eso alimenta la mala imagen que tienen las cortes según las encuestas. ¿Ustedes los magistrados cómo analizan esa situación?
No estoy de acuerdo con esa afirmación. Una reciente encuesta de Cifras y Conceptos nos ubica en el segundo lugar en favorabilidad con la Defensoría del Pueblo y después del Banco la República. Lo ideal sería que el juez tuviera la favorabilidad del ciento por ciento de la ciudadanía. Pero frente a lo que ha venido sucediendo, a la pérdida de la confianza en sus jueces por parte de la ciudadanía, creo que se ha ganado un terreno importante.
En la Corte Suprema de Justicia tenemos el compromiso indeclinable de recuperar esa confianza que se ha venido perdiendo en los últimos años
Obviamente hay hechos aislados al interior de la Rama Judicial, de las altas cortes, pero no por ello significa que se deba perder la confianza en el juez. En la Corte Suprema de Justicia tenemos el compromiso indeclinable de recuperar esa confianza que se ha venido perdiendo en los últimos años.
Quien es juzgado o investigado asegura que la justicia está politizada. ¿Hay algo de verdad en eso de que se ha perdido la imparcialidad en la justicia?
Categóricamente no. La justicia no está politizada. Es natural que en un proceso una de las partes no salga contenta y qué fácil es echarle la culpa al juez. Me atrevo a asegurar que el 99 por ciento de los jueces de este país son honestos, desempeñan su función con absoluta honorabilidad y en esa medida no puedo pensar que las decisiones se han politizado.
El juez de la República ocupa esta función como consecuencia de haberse sometido a un concurso de méritos. Casi la totalidad de los jueces están en ejercicio del cargo en propiedad, producto de un concurso de méritos. Administrar justicia es el bien supremo en una sociedad democrática.
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En esos debates de imagen se pone de por medio la respetabilidad de las cortes en otros tiempos. ¿Cómo recuperarla?
Es conveniente precisar que esa respetabilidad no se ha perdido en las cortes, ni en los jueces. Las decisiones judiciales se respetan y se acabó. Así no nos guste, se acatan.
En el balance de estos meses de encierro y de pandemia, ¿qué balance hace a su gestión como presidente de la Corte Suprema de Justicia?
Es un balance positivo. A la semana siguiente de asumir la presidencia de la Corte Suprema nos llegaron la pandemia y la emergencia sanitaria. Nos vimos precisados al cierre de las instalaciones físicas de la Corte Suprema para evitar la propagación del virus y hemos acudido a mecanismos y estrategias. Fue un reto muy importante no dejar paralizar la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en decisiones como las elecciones de los nuevos magistrados.
Nos tocó acomodarnos y ajustar el reglamento para llevar a cabo las funciones de la Sala Plena de la Corte y poder ejercer el derecho al voto secreto de manera virtual. Sin embargo, hemos venido renunciando a ese derecho Conectados virtualmente no había forma de ejercerlo. Salvo un colega que nunca renunció a ese derecho del voto secreto, todos los demás elegimos públicamente en la Sala Plena. Esto me causa gran satisfacción porque en las últimas tres elecciones de magistrados de Corte votamos públicamente.
La doctora Olga Yineth Merchán fue elegida para la Sala Laboral de Descongestión en la primera votación. La doctora Blanca Barreto, de la Sala Especial de Juzgamiento, salió elegida de manera unánime. Y el doctor Diego Corredor, el último que elegimos, también por unanimidad. Mi lectura es que se ha permitido la cohesión al interior de la Sala Plena y está reinando la armonía. Antes había una conflictividad permanente y la elección de los magistrados se demoraba un año, año y medio.
¿Cuál de los propósitos que tenía cuando asumió la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia no pudo cumplir por la pandemia?
Quise acercarme más a los jueces de todo el país, a los distritos judiciales, a los distintos circuitos judiciales, escucharlos de primera mano, recoger las necesidades, las propuestas, los proyectos. Eso quedó truncado.
¿En este en este año, cuáles fueron las principales decisiones de la Corte que benefician a la gente?
Muchas. Me pareció muy importante la de la protesta social, la que profirió la Sala Civil a través de una tutela, la STC 76 41 de 2020. Toca la fibra social por el ejercicio de la protesta de manera pacífica.
En materia ambiental destaco la del Parque Los Nevados. Consideró que es sujeto de derechos y se ordena a las autoridades nacionales y locales, que cubren cuatro departamentos del Parque, para que en un año se tomen medidas tendientes a evitar el deshielo.
También es de mucha importancia en materia penal la doble conformidad, un tema bastante delicado y espinoso durante muchos años. Se puso fin a esa conflictividad de la doble instancia a raíz del caso de Andrés Felipe Arias. En su momento esa decisión de la Corte Constitucional hizo que la Corte Suprema, también a través de un comunicado, se pronunciara. En algunas cosas no estaba de acuerdo, pero como parte integrante de un Estado Social de Derecho acató la decisión de la Corte Constitucional.
Me parece de mucha relevancia nacional la decisión de la Sala Laboral que garantiza el derecho de huelga en el sector salud. Determinó que se permite la huelga en aquellas funciones que no afecten la prestación del servicio, no afecten la salud y la vida del usuario del sistema de salud en Colombia. Eso fue a raíz de una huelga en el hospital de Maicao.
En materia civil es importante la sentencia frente a la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo. Se reitera el criterio del derecho que tienen a conformar su sociedad patrimonial y en unión marital.
En materia de seguridad social desde hace muchos años se venía discutiendo la procedencia o no de intereses moratorios cuando no se pague o no se reconozca de manera completa una pensión de vejez o de jubilación. La Sala Laboral decidió que si se liquidó mal, se generan intereses y por lo tanto tienen que pagar. De esta manera, las entidades de seguridad social deben tener mucho cuidado a la hora de reconocerlas.
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Otro tema del sistema judicial es la congestión en las cárceles y la acumulación de procesos. Hay dos caminos: la justicia punitiva y la justicia restaurativa. ¿Es el momento para que en Colombia haya más espacio para la justicia restaurativa?
Las cárceles están llenas y los despachos judiciales están atiborrados de procesos penales. No está funcionando la justicia punitiva. De hecho, hace muchos años viene hablándose de la justicia restaurativa como solución a esa problemática. En la restaurativa, el ofendido viene a ser parte del proceso. En la punitiva, no. Esto permitiría que las partes, ofendido y victimario, lleguen a un acuerdo y el victimario restablezca, restaure e indemnice los daños causados con su conducta. A mi modo de ver, sería bueno y sería partidario de la justicia restaurativa.
Las cárceles están llenas y los despachos judiciales están atiborrados de procesos penales. No está funcionando la justicia punitiva
Pero es una cuestión cultural, es un problema de fondo y habría que consultar todos los estamentos sociales. En este país el ofendido clama justicia y la justicia que clama es que el victimario vaya a la cárcel. Con la justicia restaurativa, las cárceles se empezarían a desocupar y los procesos penales disminuirían.
¿Qué retos tiene la Corte este año?
Debe ser superior a las dificultades que trajo consigo esta pandemia. Es un reto muy importante y genera mucha confianza en la ciudadanía en el servidor, en la administración de justicia. Qué bueno es que los procesos estén saliendo ya más rápido. Hay un dato muy importante y es que ya se ve muy poco aquello de la suspensión de las audiencias, porque no hay forma de excusarse. Se tiene la posibilidad de conectarse con el celular, con el portátil, con la tablet, con el computador.
FERNANDO MILLÁN
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