La Plataforma de Empresarios Afectados por la Covid-19 (PEACovid-19), constituida en marzo del 2020 como una corporación jurídica en defensa de los intereses del empresariado, ha reclamado al Estado indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de una “gestión anormal” de la pandemia.
Según explica el portavoz de la entidad, Javier Candela, en una entrevista con EFE, el principal objetivo de la plataforma es “compensar las medidas adoptadas por el Gobierno a partir del primer estado de alarma”, que considera “contradictorias, incoherentes, restrictivas y penalizadoras” para los negocios.
Una empresa de deportes de aventura cerrada por las restricciones de la pandemia de Covid implementadas en Catalunya / ACN
Reclamación por vía administrativa
La entidad presentó en diciembre de 2020 una reclamación de responsabilidad patrimonial por vía administrativa, con la finalidad de “recuperar el gasto sufrido y los beneficios medios perdidos de las empresas, así como contribuir a la regeneración del tejido empresarial”.
Para calcular el cómputo del “lucro cesante”, valorado en más de 200 millones de euros por la plataforma, las empresas adheridas han tenido que elaborar un informe pericial económico basado en una comparativa de ejercicios anteriores.
Si el Gobierno central no responde a la reclamación en los próximos seis meses, se decretaría el silencio administrativo y la plataforma presentaría “al día siguiente” una demanda, ya redactada, ante el Tribunal Supremo.
“El equipo jurídico ha estado trabajando en la demanda durante un año para elevar las probabilidades de éxito, hasta el punto que ya está por los 350 folios, 500 si explicamos los anexos”, añade Candela, que es propietario de una empresa distribuidora de bebidas. Su empresa notó las primeras afectaciones a principios del 2020 cuando las importaciones desde China “empezaron a generar bastantes problemas” a raíz de los primeros brotes.
Bares y negocios cerrados por la pandemia de la Covid en el centro de Barcelona / Sergi Alcàzar
Ante la situación, el empresario buscó “amparo institucional” hasta dar con el abogado y fundador de la plataforma, a Juli Prat, que “empezó a trabajar en la demanda el 10 de enero, con la primera alerta de la OMS.”
En declaraciones en EFE, Juli Prat, propietario de dos complejos de cines y varios locales de ocio nocturno, asegura que resultó “muy perjudicado” cuando sus establecimientos quedaron totalmente cerrados, por lo cual decidió crear PEACovid-19 al lado de un equipo de expertos. “La demanda con el apoyo de más de 30 argumentos jurídicos, se basa en la infracción de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la empresa o el derecho a la libre circulación”, afirma Prat.
Vulneración de los derechos fundamentales
El abogado considera que el confinamiento y otras medidas restrictivas infringieron “desde la Constitución, pasando por leyes orgánicas hasta llegar a leyes ordinarias” y estas, añade, “están para cumplirlas”.
Prat cree que la Administración “no dirá nada o desestimará ya de entrada”, por lo cual, transcurridos los seis meses, se presentaría la demanda ante el Tribunal Supremo y el Estado tendría 20 días hábiles para presentarse.
“Confío en la profesionalidad y la competencia de los magistrados del Tribunal Supremo, libres de influencias externas,” concluye Prat, aunque no descarta llegar hasta los tribunales europeos si hiciera falta.
En la actualidad, PEACovid-19 cuenta con el apoyo principal de empresas del sector de la hostelería y el ocio nocturno, entre el cual destacan las asociadas a la patronal Spain NightLife o a la Federación de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm).
Crédito: Enlace fuente
