El Observatorio Grupo Campo Grande para la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva (GCG) mantuvo ayer miércoles 17 de febrero una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, representado por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y el Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Marquínez, a raíz de que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural aprobara el día 4 de febrero, por votación de las CCAA, la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección, con el consiguiente cambio a especie no cinegética.
El CGC ha subrayado la vulneración la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que obliga a las administraciones públicas a garantizar el derecho a “participar de manera efectiva y real” en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente. “Es una asignatura pendiente aún y animamos al ministerio a que, dentro del margen que pueda haber en la elaboración de la estrategia y del plan de conservación del lobo, abra un proceso de participación real en el que se puedan dar cita todas las partes y de un voto de confianza a la capacidad social de entenderse y consensuar las medidas que mejor vengan al conjunto de intereses”, explicaron los representantes del GCG.
“La consulta pública que se ha iniciado a través de la web, no suple al proceso de participación social que reclamamos y que aún esperamos de ese ministerio, pues no es más que la fase obligatoria de información pública de todo procedimiento administrativo cuya vocación es principalmente informar unilateralmente sobre decisiones ya tomadas y recibir alegaciones y opiniones que pueden ser o no tomadas en cuenta”, continuaron, justificando que el modelo de gestión del lobo afecta a sectores muy diferentes, a distintos territorios y son muchos los agentes potencialmente interesados o/e implicados directa o indirectamente y que son imprescindibles para garantizar la efectiva protección y coexistencia del lobo ibérico.
Desde el MITERD se comprometieron a tener en cuenta como portavoces de la ganadería extensiva a las redes y asociaciones como Ganaderas en Red, Federación Estatal de Pastores y otra serie de entidades, dada la importancia de esta actividad, que contribuye a la generación de servicios ecosistémicos tanto de provisión como de regulación, además de otros bienes públicos y resultados positivos en términos sociales. Además de valorar la propuesta de abrir un proceso más participativo para la elaboración del plan de conservación del lobo ibérico de forma que se puedan tener en cuenta e integrar las propuestas que se elaboren colectivamente, teniendo en cuenta el contenido de la declaración que el GDG publicó en su web
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