Son muchos los lugares comunes y las obviedades a las que se ha referido el subpresidente Duque en las entrevistas que ha prodigado a los medios gobiernistas, salvo por unas cuantas inquietantes perlas que ha dejado sueltas al mejor estilo uribista.
A Duque lo mortifica la prohibición de la reelección, bien en causa ajena o propia. O quiere labrarse el sendero para regresar a la Casa de Nari con la horda de burócratas que ha habilitado de estadistas —como Felipe Buitrago, Carlos Correa, Daniel Pacheco, Ernesto Lucena, Diego Mesa y, claro, María Paula Correa, la “zarina”, entre otros lagartos— o sencillamente, como es previsible, lo que se está tejiendo es una estrategia tramposa para permitirle a Álvaro Uribe la retoma del poder ya no a través de un títere, como en este cuatrienio.
Independientemente de la motivación, lo cierto es que el país no puede entender cómo un mandatario anda más preocupado por la reelección que por ponerle fin al holocausto de los líderes sociales, a quienes pretende proteger con la simpleza de que primero hay que acabar con el narcotráfico, como si su protección no fuese la responsabilidad prevalente del Gobierno, cualquiera que sea la circunstancia que los amenace. Es tan indolente esta actitud como la cínica justificación de por qué les subieron el salario a los congresistas, cuya mayoría ya de por sí estaba aceitada con prebendas clientelistas.
Pero volvamos a la sinuosa propuesta de la reelección que el precario universo de Duque, despojado del conocimiento de la historia y del derecho, explica con artificios. Según el aprendiz constitucionalista, hay que restablecer la reelección presidencial porque es contradictorio que quien ha sido presidente no pueda reelegirse pero sí lo hagan gobernadores y alcaldes.
Acostumbrado Duque a ver todo desde su unilateral perspectiva, no se le ha ocurrido que habría que analizar si conviene que gobernadores y alcaldes sean elegidos por voto popular y que puedan reelegirse, como hoy ocurre luego de transcurrido un período. Si hay algo que simbolice más la corrupción son gobernadores y alcaldes ungidos por la politiquería y apalancados por contratistas de departamentos y municipios. Duque es incapaz de contemplar que la solución al tema de la reelección, que dizque va a estudiar, pueda consistir en prohibirla para todos los funcionarios de elección popular, empezando por abolir la de alcaldes y gobernadores e inclusive limitando los períodos de los congresistas solamente a dos, para acabar con esos “feudos podridos” de los que hablara el presidente López Michelsen.
La elección de alcaldes y gobernadores, de la que se sienten tan ufanos los laureano-alvaristas, no se ha traducido en más democracia, tampoco en eficiencia administrativa y mucho menos en transparencia. Cuando Álvaro Gómez impulsó la propuesta para elegir alcaldes, todos se tragaron el cuento de que el líder conservador estaba abogando por construir espacios de participación ciudadana. ¡Qué va! Ese fue el señuelo, porque lo que en el fondo se acariciaba era poner en marcha una sofisticada táctica electoral para asegurar el dominio administrativo y político de las regiones a través de elecciones, llevando a las urnas a la población conservadora de zonas rurales y urbanas. Gómez no le estaba apuntando a la democracia —ese nunca fue su fuerte—, tampoco cuando propuso que el director de la Policía fuese un civil —como en los tiempos del nefasto y peligroso gobierno de su padre—, sino a adueñarse del poder municipal. El resultado no puede ser más catastrófico: en un porcentaje altísimo los burgomaestres y gobernadores son una camarilla al servicio de la corruptela de los gamonales y por eso muchos están tras las rejas o destituidos. Pero Duque parece no haberse enterado, pues está conforme con que ese estado de cosas inconstitucionales e ilegales se perpetúe por la vía de no derogar la reelección, que tozudamente quiere para su presidente eterno y para sí mismo.
Con su nadadito de perro, Duque ha logrado cooptar todo el Estado porque, además de su gabinete de perritos falderos y segundones sin brillo, hoy es amo de varios partidos políticos y de varias gobernaciones, como también del fiscal, la procuradora, el contralor, el defensor del Pueblo, a pesar de que, en contra de todas las evidencias, cínicamente lo negó. Satrapía del siglo XXI.
Adenda. La legalización del aborto en Argentina —el país del papa Francisco— abre camino en América Latina.
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