La sangre no llegó al río. Tras dos semanas de tensión entre ministerios y declaraciones cruzadas, el Consejo de Ministros aprobará hoy con toda probabilidad un decreto para prorrogar la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional en tanto dure el estado de alarma, es decir, hasta el 9 de mayo, una medida que había provocado una intensa pugna pública entre los sectores socialista y morado del Gobierno y en la que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se había fajado en público y en privado. La última escena de ese tira y afloja la protagonizaron él y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso, en una conversación captada por los fotógrafos y que concluyó con un ya célebre “no seas cabezón”.
Lo anunció ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien aseguró que el Gobierno había estado trabajando “todo el fin de semana” para ultimar un decreto que concilie la protección de las familias en riesgo de exclusión y la “seguridad jurídica” de los agentes económicos. La misma dialéctica, dijo, atañe a la prohibición de los cortes de suministros esenciales, cuyo decreto, explicó, está trabajando contra reloj la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que pueda aprobarse hoy. Según explicó Calviño ayer en La Sexta, este tipo de medidas entraña una “tremenda complejidad”. La tensión entre limitarse a proteger a los sectores vulnerables o extender el amparo estatal a los agentes económicos involucrados –grandes tenedores de vivienda en el primer caso, empresas energéticas en el segundo– fue la caligrafía, durante toda la semana pasada, con la que se escribió la pugna entre los sectores de PSOE y de Unidas Podemos (UP) en el Gobierno, una tensión que condujo al presidente Pedro Sánchez a un gesto de autoridad, poniendo en salmuera los anuncios de inminentes acuerdos en materia de desahucios y de subida de salario mínimo anunciados como inminentes desde los ministerios de Unidas Podemos y que había enfriado Calviño.
Vivienda
La compensación a los grandes propietarios provocó el choque entre PSOE y Podemos
Al día siguiente, Iglesias llamaba a la presión social de sindicatos y movimientos sociales, en su discurso ante el consejo ciudadano estatal de Podemos. Fuentes de UP celebraban ayer el acuerdo subrayando que la protección antidesahucios se extenderá a familias vulnerables “pre-Covid”, es decir, cuya situación precaria no devenga de la pandemia. Y se mostraban satisfechos con el acuerdo para compensar a grandes tenedores de vivienda, interesado por los socialistas, en la medida en que queda subordinado a que acrediten perjuicio económico, lo que significa que no recibirán compensación por pisos vacíos que no estén en el mercado.
En todo caso, a estos pactos no se sumará de forma inminente una subida del salario mínimo, según Calviño: “Si no hay acuerdo entre patronal y sindicatos, a lo mejor hay que tomarse tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos enfilada la recuperación”. En idéntico sentido se expresó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos: la subida se acometerá en “cualquier momento que nos permita una mejor visión”. El condicional usado por Calviño molestó al secretario general de CC.OO., Unai Sordo, quien se quejó de que la vicepresidenta reconociera a la CEOE “derecho de veto” y pusiera “palos en las ruedas al diálogo”.
Laboral
Calviño propone posponer la subida del SMI, mientras Díaz busca un acuerdo ya
La tensión, aliviada en vivienda, se mantiene en lo laboral, pues la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que había avanzado el diálogo con patronal y sindicatos, señalaba ayer que “si la economía y las empresas no pueden soportar una subida que no alcanza nueve euros estamos en un espacio muy grave”, en alusión a una subida similar a la aprobada a funcionarios y pensionistas. Una pugna testimonial detrás de la que laten dos asuntos medulares: pensiones y reforma laboral.
La reforma de Leviatán
La vicepresidenta Nadia Calviño confirmó ayer que el Consejo de Ministros también debatirá hoy el esperado decreto para la reforma de la Administración, una norma que atañe a la columna vertebral de la aplicación de los fondos Next Generation EU, pues a ella se encomienda la tarea de eliminar cuellos de botella y trabas burocráticas que puedan dificultar la ejecución presupuestaria de los más de 70.000 millones de euros previstos por el plan de reconstrucción europeo para España. Calviño explicó que el formato escogido para la ejecución de los fondos implicará la colaboración público-privada y que las decisiones respecto a las apuestas estratégicas y los proyectos las tomará el Consejo de Ministros, en cuanto “órgano colegiado”, y no un ministerio en particular. La ejecución final corresponderá tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas y ayuntamientos, se dialogará con los agentes sociales, aseguró, y se convocará la conferencia sectorial de las comunidades autónomas para que participen en la toma de decisiones.
Crédito: Enlace fuente
