En el documento “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por covid-19” , las OSC resaltaron que la situación de personas defensoras y periodistas se ha agravado en el país a partir de la emergencia sanitaria, económica y social generada por el SARS-COV-2.
“Pues por un lado, la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México es más urgente que nunca como consecuencia de las medidas adoptadas por los gobiernos federal, estatales y municipales que restringen o han vulnerado derechos humanos”, apunta el informe.
Las entidades que reflejaron mayores atentados contra periodistas fueron Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, y Baja California.
Al mismo tiempo, se han intensificado y diversificado los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas; quienes han visto limitadas sus estrategias e instrumentos de defensa por la necesidad de implementar medidas de distanciamiento y confinamiento social.
En 2020 fueron asesinadas al menos 17 personas defensoras del medio ambiente en Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Baja California y San Luis Potosí, siendo 15 hombres y 2 mujeres.
En ese sentido, las OSC insistieron en que durante 2020, se intensificaron y diversificaron los ataques contra defensores y periodistas a la vez que estos vieron limitadas sus estrategias de defensa ante las medidas de confinamiento y distanciamiento social.
El análisis realizado para la construcción del informe arrojó luz sobre las acciones del gobierno federal liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, según afirman, contribuyen a que después del año 2020 la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión sean todavía “más importantes que nunca”.
Por ejemplo, según se apunta, algunas de las medidas adoptadas para reducir la movilidad en el contexto de la pandemia “han dado margen para arbitrariedades por parte de autoridades”, quienes en ciertas ocasiones, aseguraron, actuaron con un “enfoque punitivo desproporcionado”.
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