VALÈNCIA (EP). El Consell ha emitido una declaración institucional que insta a declarar de urgencia el procedimiento para tramitar la proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, en rueda de prensa.
En este sentido, el Gobierno valenciano reivindica la modificación de esta disposición “como la solución más adecuada para alcanzar el reconocimiento del pleno ejercicio de la competencia exclusiva de la Generalitat para la conservación, el desarrollo y la modificación del Derecho Civil Foral valenciano, prevista expresamente en el artículo 49.1.2ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana pero cuya efectividad se ha visto bloqueada por la restrictiva y sostenida interpretación que el Tribunal Constitucional ha venido haciendo de ella”.
A su vez, la declaración indica que “la aprobación de la citada reforma constitucional y su inmediata entrada en vigor en 2021 permitirían revitalizar una competencia exclusiva reconocida en el Estatuto de Autonomía y nunca impugnada”.
Asimismo, el texto recoge “la invocación del derecho al autogobierno solo adquiere pleno significado si tiene una plasmación real y efectiva, tanto en el ámbito institucional como en la vida cotidiana de las personas que son las principales destinatarias de su ejercicio”.
“Por ello, si desde un determinado territorio se reivindica legítimamente poder alcanzar el pleno ejercicio de una competencia, no se hace como mera expresión del deseo de un reconocimiento teórico, sino con la intención de que esa competencia sea el título habilitante para la adopción de iniciativas que redunden en beneficio de la ciudadanía”.
Antecedentes
“Tras la reforma estatutaria realizada a través de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, fueron muchos los preceptos de la norma institucional básica valenciana que evidenciaron la voluntad de superar la tradicional asociación de conceptos entre la competencia para conservar, desarrollar y modificar el Derecho Civil Foral valenciano y la costumbre agraria”.
“De ahí que en 2007, 2011 y 2012, tres leyes autonómicas en materia de régimen económico matrimonial, relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven y uniones de hecho formalizadas, respectivamente, trataran de dotar a la ciudadanía de nuevas herramientas jurídicas para satisfacer derechos, intereses y necesidades propios del siglo XXI”.
El Tribunal Constitucional declaró en 2016 “la inconstitucionalidad de la práctica totalidad del articulado de esas tres normas, al considerar que con su aprobación se había vulnerado la competencia exclusiva del Estado”.
“De este modo, la competencia exclusiva autonómica para conservar, desarrollar y modificar el Derecho Civil Foral valenciano quedó constreñida al ámbito de la vigente Ley 3/2013, de 26 de julio, de la Generalitat, de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, modificada después mediante la Ley 2/2019, de 6 de febrero, de la Generalitat”, señalado.
Además, recuerda que “desde que en 2016 se conocieron las referidas sentencias del Tribunal Constitucional han sido numerosas y variadas las iniciativas adoptadas por los poderes públicos y por entidades privadas para apoyar, de forma decidida e inequívoca, la reivindicación de un reconocimiento pleno y efectivo de la competencia exclusiva que el artículo 49.1.2ª del Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat”.
Amplio consenso
En este sentido, la Declaración Institucional recoge que “más de quinientos municipios de la Comunitat han aprobado mociones en favor de una reforma constitucional al respecto; las Diputaciones Provinciales de Castellón y Valencia, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, universidades, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales y un buen número de diversas entidades sociales y culturales se han mostrado también partidarias de buscar una solución que parece solo puede pasar por una modificación de la Constitución.
A su vez, “la Associació de Juristes Valencians (AJV) y la Cátedra de Derecho Foral Valenciano y Desarrollo Estatutario de la Universitat de València-Estudi General han jugado un papel esencial a la hora de divulgar la relevancia del problema y sensibilizar a la sociedad y al mundo académico sobre su trascendencia”.
En ese sentido, se apunta a que “fruto de toda esa labor de debate y reflexión política, social y académica fue la presentación y tramitación en Les Corts de la “Proposición de ley de modificación de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano”, aprobada en febrero de 2020 con un amplio consenso y el voto a favor de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Compromís y Unides Podem”.
La iniciativa fue remitida al Congreso de los Diputados, donde fue admitida a trámite como Proposición de reforma constitucional y se acordó trasladarla al Gobierno a los efectos previstos en el artículo 126 en relación con el artículo 146 del Reglamento del Congreso, así como publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar la decisión adoptada a Les Corts Valencianes, se indica.
Sin embargo, se apunta que transcurrido prácticamente un año desde que la Mesa del Congreso tomase tales decisiones, y pese a tratarse de una propuesta de modificación constitucional “muy acotada, todavía no existe un pronunciamiento al respecto y por tanto persiste, en la práctica, el bloqueo de una competencia autonómica exclusiva”.
Crédito: Enlace fuente
