Las víctimas de delitos han sido, y por mucho tiempo, las grandes olvidadas del proceso penal en la Argentina.
Desde hace ya varios años, y luego de que la sociedad se viera sacudida por grandes tragedias como los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, Cromañon y Once, las figuras de víctimas con cara, y que salían a pelear por su derechos, comenzaron a ser más reconocidas por el común de la gente, y sobre todo a ser acompañadas, no solo en su dolor, sino también en su lucha.
Paralelamente a ello, otro grupos de víctimas de delitos sufridos en forma personal, comenzaron también a hacer visibles sus reclamos, y en ese contexto surgieron innumerables luchadores individuales y grupales, ya sean víctimas de violencia de género, de inseguridad, de accidentes de tránsito, etc.
Todo ese proceso de “visibilización” del dolor y la lucha de víctimas y sus familiares, tuvo como resultado el trascendental cambio que para el Código Penal de la Nación y el Código Procesal de la Nación impuso la sanción de la ley 27.372 sobre los Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
Pero ese hito no es un fin, por el contrario es el inicio de un cambio de paradigma que no solo viene a cambiar la intervención de los particulares en el Proceso Penal, sino que es a partir de ello que la sociedad debe rever su posición frente a quienes sufren en carne propia el dolor y, a pesar de ello, deciden avanzar en busca de los responsables, en ayuda de sus pares y, muchas veces, luego, dar el salto a la vida política.
El robo sufrido por la diputada provincial Carolina Píparo, y las circunstancias posteriores, han dado pie a muchas declaraciones y manifestaciones públicas, que demuestran la resistencia al cambio de un gran sector de la política argentina.
Si hacemos historia veremos que son numerosas las víctimas que han desarrollado actividad partidaria y con acceso a cargos de importancia. ¿O no son acaso también víctimas los perseguidos políticos? ¿No lo son los hijos de desaparecidos? ¿No son víctimas del sistema los desclasados que forman agrupaciones barriales que hoy integran el Gobierno con cargos en variados ministerios?
Lo que ha cambiado es que el imaginario colectivo entiende ahora que víctimas también lo son otros actores, aquellos que por su origen y dolor son más cercanos al común de la gente, aquellos que han sufrido delitos que pudieron sufrir ellos mismos.
El problema, puesto en el candelero surge cuando una parte importante de la clase política (supuestamente progresista) continúa asumiendo que existen víctimas de distintas clases: una primera clase que por ser víctima de la ideología son los aceptados para integrarse a la política, y víctimas “de segunda”, que por haber sufridos atentados, accidentes viales, robos, violaciones, o como en el caso de Once, que encontraron la muerte en un tren allí donde la corrupción de la clase política creó las condiciones para que se diera la tragedia, deben quedarse en su casa, no integrarse a la política y no “hacer uso de su propia historia”.
Una hipocresía gigante, que en realidad demuestra que la política para muchos, es un lugar para perpetuarse en el poder, sin dar lugar a nuevas figuras, y sobre todo dándole la espalda a los cambios que se generan en las bases, en lo que la gente reclama y sobre todo, en lo que la gente misma vota y elige.
El caso de la diputada provincial le vino como anillo al dedo a los supuestos progresistas que actuaron, inmediatamente, en forma conservadora y corporativista.
Así vimos cómo se ha traído a la memoria el triste caso del falso Ingeniero Blumberg para decir que la incorporación de víctimas a la política es un error, y lo mismo al asociar su integración a la política activa, con la participación en actos eleccionarios de figuras de la farándula.
El uso político del “caso Píparo” entonces es evidente, y su máxima expresión se aprecia al escuchar a la propia fiscal del caso cuando en vez de hablar del acusado del delito dice “el marido de Píparo”, eso seguido de un desfile innumerable de políticos pidiendo la renuncia.
Ninguno de ellos pone la misma intensidad al hablar de casos de acoso y/o abuso sexual de políticos de larga trayectoria. Triste, pero real.
Lo cierto, y volviendo al tema, es que más allá del resultado final de la causa, el hecho es usado para atacar algo que ya es imposible de frenar: la participación activa, en la vida de los argentinos, de víctimas y sus familiares representando a miles de otros tantos damnificados y fallecidos sin voz.
Para un grupo de la política los cargos deberían ser siempre para sus hijos, maridos, esposas, amantes, yernos, etc., y siempre habrá lugar para un obsecuente de turno, obvio.
Las personas que, a pesar de su dolor, se vuelcan a la lucha social o política, lo hacen desde el llano, resignando horas de su vida y su tiempo. Los otros ya sabemos, lo hacen comenzando con cargos menores pagados por el Estado, con facilidades y sin saber jamás el dolor de la gente común.
¿Quién puede negarle a alguien el derecho a la militancia política partidaria? ¿Quién puede poner en duda la capacidad del ciudadano para decidir con su voto? Nadie, salvo aquellos que quieren que nada cambie.
La incorporación de actores políticos nuevos, surgidos de estructuras distintas como son la militancia social o también académica, no es un oportunismo. Por el contrario, es la expresión más pura de la crisis de representación que existe en nuestra sociedad y la incapacidad de los políticos tradicionales de representar a las víctimas de delitos y a otros sectores marginados
En esa subestimación de la voluntad popular quizás se encuentre la razón de las deudas que hoy tiene la democracia argentina, y tal vez, algún día el cambio de paradigma que impuso la ley 27.372 se amplíe, y esa participación penal, se extienda a cambios sociales que logren que muchos políticos empiecen, de una buena vez, a ver aproximarse la ola que trae el reclamo y la lucha de miles, y que el poder político tradicional ha dejado en el olvido.
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