MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) –
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha alertado este lunes del “escalofriante” aumento de los asesinatos cometidos contra defensores de los Derechos Humanos y profesionales de los medios de comunicación desde que comenzaron las conversaciones de paz en Afganistán en septiembre de 2020.
Hasta el 31 de enero de 2021, al menos una quincena de personas, entre quienes colaboran con estos organismos y quienes trabajan en medios de comunicación, han sido víctimas de ataques selectivos en Afganistán, dando como resultado que se haya restringido su espacio seguro para llevar a cabo sus funciones, la autocensura e incluso la salida del país.
“El pueblo afgano necesita y merece un espacio cívico floreciente, una sociedad donde la gente pueda pensar, escribir y expresar sus opiniones abiertamente, sin miedo”, ha subrayado la representante especial del secretario general para Afganistán, Deborah Lyons.
“Las voces de los defensores de los Derechos Humanos y de los medios de comunicación son fundamentales para cualquier sociedad abierta y decente”, ha reafirmado Lyons.
En especial, ha dicho, “en un momento en el que el diálogo y el fin del conflicto a través de conversaciones y acuerdos políticos deben estar en el foco”, por lo que estas las voces de los medios deben de ser escuchas “como nunca antes”. En cambio, “están siendo silenciadas”, ha lamentado.
Si bien los ataques contra representantes de los Derechos Humanos y los medios de comunicación en Afganistán “no son una novedad”, la UNAMA ha explicado que sí ha habido “un cambio notable” en la manera en la que estas personas han sido asesinadas, ya que en esta ocasión han sido objeto de ataques “premeditados y deliberados”, no víctimas colaterales por su proximidad cuando se produjo un atentado.
El informe señala que 32 defensores de los Derechos Humanos han sido asesinados en los últimos cuatro años, mientras que 33 profesionales de los medios de comunicación han sido víctimas de estos delitos en el mismo periodo de tiempo, durante el cual se han registrado “con demasiada frecuencia” casos de “amenazas, intimidación, acoso, vigilancia o detención arbitraria”.
“Las investigaciones sobre homicidios deben ser independientes, imparciales, rápidas, exhaustivas, eficaces, creíbles y transparentes. El enjuiciamiento de los presuntos autores debe seguir estrictamente las normas del debido proceso y juicios justos”, ha reclamado la UNAMA en su último informe.
“El uso de una retórica cargada contra el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación, las amenazas o acciones tomadas contra los denunciantes y la circulación de ‘listas de objetivos’ contribuyen a perpetuar las condiciones en las que el espacio cívico solo puede reducirse aún más”, dice el texto.
RECOMENDACIONES A LOS DISTINTOS ACTORES EN EL PROCESO DE PAZ
La UNAMA ha hecho caer sobre el Gobierno de Afganistán una numerosa lista de recomendaciones, entre ellas un marco legislativo y un mecanismo de protección nacional que salvaguarde la integridad física y profesional, tanto de los periodistas y profesionales de la prensa, como de los trabajadores de las organizaciones de Derechos Humanos.
Asimismo, ha exigido a las autoridades de Kabul que garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales de estos dos grupos, como los de libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información, así como aquellos que velan por su libertad a la hora de ejercer su profesión sin miedo a represalias.
Para contrarrestar la impunidad, explica, es necesaria la voluntad de las autoridades afganas, a las que pide llevar a cabo investigaciones “independientes, rápidas y eficaces”, para llevar ante a la justicia a los responsables de estos crímenes, quienes, insiste, deberán ser juzgados “siguiendo estrictamente las normas internacionales”.
El Gobierno también debería, resalta la UNAMA, “abstenerse” de impulsar leyes y normas “restrictivas” sobre la libertad de asociación y de expresión, “evitando” un discurso contrario a estos sectores cuando sea “innecesario”.
LOS TALIBÁN
A los líderes del grupo armado, la misión de la ONU en Afganistán les ha pedido que condenen el asesinato de periodistas, profesionales de los medios, y defensores de los Derechos Humanos, y que investiguen y hagan rendir cuentas a aquellos talibán que supuestamente estuvieron implicados en estos ataques selectivos.
De la misma manera, le ha solicitado que hagan cumplir las normas que las autoridades fijan en relación a la prohibición de asesinar a este tipo de trabajadores, así como a “repeler” las “políticas existentes” que limiten los espacios cívicos de libertad de expresión y de asociación.
En cuanto al resto de actores no estatales, la UNAMA les ha exigido poner fin con el asesinato de todas estas personas, tal y como señala “el Derecho Internacional humanitario y de Derechos Humanos”
Naciones Unidas finaliza insistiendo a la comunidad internacional que continúe con sus políticas y su labor de condena a este tipo de crímenes, “subrayando la importancia del papel de los defensores de los Derechos Humanos y los medios de comunicación independientes para un Afganistán unificado, soberano, pacífico y democrático”.
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