Santiago de Chile, 8 ene (EFE).- La Defensoría de la Niñez de Chile interpuso este viernes una querella por la detención “ilegal” y “arbitraria” de la hija de Camilo Catrillanca, el joven mapuche asesinado hace dos años por la Policía y por cuya muerte fueron condenados en la víspera siete exagentes y un abogado civil.
“Es inaceptable la detención de una niña, es ilegal y arbitrario. La actuación de la Policía de Investigaciones (PDI) constituye una privación, perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad individual de G.P.C.A.”, aseguró la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
Según la institución, que presentó la querella contra los altos mandos de la PDI y los agentes que participaron en el incidente, la menor de 7 años “estuvo detenida dentro de un vehículo de la PDI por cerca de tres horas, hasta que fue entregado a su abuelo paterno”.
La detención se produjo en Temucuicui, en la región de la Araucanía (sur), cuando la niña se dirigía junto a su madre y otros familiares al tribunal donde iba a conocerse la sentencia condenatoria por la muerte de Catrillanca.
La PDI desmintió la versión de la Defensoría y aseguró que la menor fue trasladada hasta dependencias de la subcomisaria de Carabineros de Ercilla porque fueron detenidas las dos mujeres que iban con ella y “evidentemente no podía quedar sola en la vía pública”.
“La menor nunca estuvo en una unidad policial ni vehículo de la PDI”, aclaró el cuerpo policial en un escueto comunicado.
El Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en la Arauncanía (centro-sur), halló el jueves culpable del disparo a Catrillanca al principal acusado, el exagente Carlos Alarcón, que se enfrenta a quince años de prisión por “homicidio simple consumado” y “homicidio simple frustrado” y cuya pena se conocerá el próximo 28 de enero.
Catrillanca, de 24 años, recibió un disparo en la nuca el 14 de noviembre de 2018 mientras se desplazaba junto a un adolescente de 15 años en un tractor por Temucuicui y murió horas después en un hospital.
Los policías dijeron en una primera declaración que habían sido emboscados y que el tractor se había cruzado en el tiroteo, pero un peritaje ordenado por la Fiscalía desestimó esa versión.
El propio Alarcón terminó admitiendo que el abogado Cristián Inostroza, también condenado junto a otros seis expolicías por delitos como obstrucción a la investigación, apremios ilegítimos o disparo injustificado, les indicó que debían entregar una versión falsa.
El asesinato de Catrillanca fue el primer gran mazazo que recibió el presidente chileno, Sebastián Piñera, y empañó sus planes para amainar la conflictividad en el sur del país.
El crimen, que sacudió los cimientos del cuerpo policial de Carabineros, desató una escalada de tensión en el denominado “conflicto mapuche”, que desde hace décadas enfrenta a algunas comunidades con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
Los altos mandos policiales negaron en un principio la existencia de grabaciones, pero unas semanas después se difundieron en los medios locales unos vídeos de las cámaras corporales que llevaban los agentes y que desmontaban la versión del intercambio de disparos, lo que le costó el cargo al entonces general director de Carabineros, Hermes Soto. EFE
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