Yo soy travesti, aunque mi DNI diga mujer. Yo soy Lohana Berkins: travesti. Sino seguimos aceptando que los genitales nos dan la identidad. El travestismo rompe con eso. Nos construimos”, así se presentaba la activista, impulsora de la ley de identidad de género y primera travesti con un trabajo en el Estado, fallecida en 2016.
Si bien el Decreto 720/2020 que el presidente Alberto Fernández firmó en septiembre pasado contempla el cupo para las travestis, transexuales y transgénero en los organismos del Estado, la Cámara de Diputados busca aprobar un proyecto que incluye varias iniciativas presentadas por diputados de diferentes espacios para darle el marco legal necesario a ese derecho.
La iniciativa, que logró amplio consenso, cuenta con dictamen de las comisiones de Mujeres y Diversidad, Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja, y reúne una decena de proyectos presentados en ese sentido por diputados del oficialismo y de la oposición.
La sanción de la ley, que se denominará con el nombre de Lohana y también de Diana Sacayán, otra activista por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo trans en Argentina y en la región, es reclamada por unas 150 organizaciones travestis trans, las cuales vienen impulsando desde 2016 una ley contemple la inclusión laboral de ese colectivo.
“La ley de Cupo Laboral Travesti Trans viene a reconocer un derecho al trabajo digno y formal históricamente negado a una población debido a la exclusión y la discriminación social que han sufrido”, sostuvo la diputada del Frente de Todos Mónica Macha, presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la cámara baja.
Macha destacó que el decreto firmado por el Presidente en setiembre pasado “redujo la urgencia” de ese colectivo y se mostró “optimista” respecto a su tratamiento en la próxima sesión extraordinaria del cuerpo, al afirmar: “Es cuestión de tiempo, se trata de un proyecto militado por las organizaciones y es impostergable su aprobación”.
El proyecto establece en su artículo 2 “la inclusión laboral en el Estado nacional, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1 por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero”.
De acuerdo al texto, además, las empresas que cumplan con el cupo tendrán prioridad en las contrataciones del Estado y habrá incentivos tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley, podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
“Celebramos que esta iniciativa para establecer el cupo laboral trans venga a saldar parte de esta deuda histórica y contribuya a la construcción de las bases de una sociedad más igualitaria”, aseguró la diputada nacional del radicalismo Brenda Austin.
Para la diputada de la UCR, “la democracia argentina tiene una deuda enorme con el colectivo travesti trans”. Y señaló que “se trata de una población que ha sido históricamente vulnerada, a la que no se le han garantizado derechos básicos, derechos humanos que están contenidos en nuestra Constitución Nacional”.
La diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez, aseguró la ley viene a profundizar las políticas públicas que venimos desarrollando para la inclusión laboral”
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