Ciudadanos, representantes de la sociedad civil y un experto en derecho criticaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de Perú, Eduardo Vega, por apoyar el pedido de eutanasia de la ciudadana Ana Estrada, a pesar que se trata de una práctica sancionada por el Código Penal.
Estrada, de 44 años, tiene polimiositis, una inflamación muscular crónica, que la ha dejado paralizada y en silla de ruedas.
En febrero de 2020 la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo contra el Estado peruano para que se le permita a Estrada recurrir a la eutanasia y quienes la asistan no sean sancionados penalmente. El recurso fue presentado contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud).
“El año pasado apoyé a Ana Estrada y la Defensoría del Pueblo en la lucha por una muerte digna. Hoy, como ministro de Justicia, sigo apoyando su causa. El procurador del Estado es autónomo en su estrategia legal sobre la que no puedo interferir”, tuiteó el ministro el 7 de enero, adjuntando un video de apoyo.
El comentario del titular de justicia se realizó el mismo día de la audiencia en el 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima para resolver la demanda de la Defensoría del Pueblo.
Según el diario Expreso, “las partes demandadas, coincidieron en señalar que la demanda debería declararse infundada, porque el tema no debería resolverlo un juez constitucionalista sino a través del Congreso”.
“El magistrado a cargo, Jorge Ramírez Niño de Guzmán, culminó la sesión anunciando que resolverá el caso dentro de un plazo razonable y que recibirá alegatos adicionales debido a la complejidad del caso”, agregó.
En Perú la eutanasia está penalizada. El artículo 112 del Código Penal señala que “el que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.
En declaraciones a ACI Prensa, el abogado y presidente del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, Alberto Gonzáles Cáceres, dijo que “el ministro Vega, de manera impresionante, hace una declaración a favor de la eutanasia cuando, en realidad, debería mantenerse neutro y no poner de manifiesto su posición personal, ya que representa a todos el Estado peruano y la ciudadanía”.
“Ahora él hace esto porque tiene un respaldo público y de comunicaciones de parte de los movimientos LGTB y de quienes promueven la modificación de la agenda cultural”, aseguró.
Además, dijo que “hay que tener en cuenta que desde el punto de vista procesal jurídico, nos encontramos en una circunstancia en la que la demanda es presentada por movimientos proLGTB, que toman casos controversiales y llegan a un entendimiento con las personas que buscan modificar la legislación a través de acciones de amparo constitucionales ante jueces parcializados”.
En ese sentido, el abogado cree que “la demanda se presenta contra un ministerio que también está politizado, y esto, desde el punto de vista jurídico procesal, podría considerarse un ‘fraude procesal’, es decir, que las dos partes estarían concertadas con la finalidad de convencer al juez para que el resultado sea favorable tanto para el demandante como para el demandado”.
Gonzáles precisó que, aunque “no estamos en la capacidad de decir que existe una concertación delictiva, porque no nos consta”, lo que se podría hacer “es solicitar los textos presentados de un lado y del otro de las contestaciones de demanda, para darnos cuenta si ha habido una apariencia o no de un proceso, y si es que ha habido concertación o no para la parcialización por parte del magistrado”.
“En todo caso, si tenemos elementos suficientes para estimar que esta situación se estaría presentado de manera permanente, teniendo en consideración de que hay una coincidencia en la posición ideológica de las ONG que demandan por un lado, de los procuradores, y por el otro lado de los ministerios que se supone que tienen que defender y de los jueces que pertenecen a instituciones políticamente ideologizadas”, agregó el abogado.
A través de Twitter, también decenas de usuarios criticaron el apoyo del ministro hacia el pedido de Estrada, teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia es una de las partes demandadas.
En un tuit del 7 de enero, el colectivo “Peruanos por la Igualdad” criticó a Vega: “Cuando el valor de la vida es nulo y se junta al poder político. ¡Cuidado!”.
También envió una crítica la periodista política, Diana Seminario, quien se preguntó: “Esta es la posición oficial del Gobierno Morado [partido oficialista actualmente en el poder]? ¿El Poder Ejecutivo está por la eutanasia? Siendo ministro de Justicia su posición dejó de ser personal. ¿Qué dicen la primera ministra y el presidente Francisco Sagasti?”.
La usuaria Roxana también criticó al ministro: “Pésimo ejemplo de separación de poderes”.
El usuario Carlos Martínez, denunció que la posición de Vega “¡dejó de ser personal es la posición del Gobierno!”.
Según el abogado Gonzáles, “desde hace unos diez años los gobiernos han sido tomados por movimientos políticos, que si bien han mantenido una posición económica de centro-derecha, en relación a los aspectos culturales y morales han sido liberales y de alguna manera libertinos”.
“La posición del Estado frente a los asuntos morales como el caso del aborto o la eutanasia, han sido de una posición muy relativista. Esto ha tenido un impacto muy concreto en todos aquellos procedimientos en los que el Estado ha sido demandado, ya que pone en cuestionamiento su imparcialidad respecto a estos temas controversiales”, explicó el abogado.
“Es conocido por todos los abogados que litigamos que los juzgados constitucionales están totalmente tomados por movimientos culturales proLGTB o proaborto, como Promsex, Demus, Flora Tristán, que mediante capacitaciones u actos similares inclinan la posición de los jueces, quienes de alguna manera se vuelven activistas judiciales. Esto se concreta con los pronunciamiento que hace una asociación de jueces denominada Jusdem”, concluyó.
El 5 de enero, luego de un pronunciamiento en el que manifestó su apoyo a la “muerte digna”, el Colegio Médico del Perú (CMP) rectificó su postura y aclaró que “no respalda la eutanasia”.
“Acorde con lo expresado en el art.72 del Código de Ética y Deontología del CMP que indica ´el médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directa sea la muerte de la persona´, el CMP ve por conveniente aclarar que no respalda la eutanasia, que es un término con un concepto de muerte digna que refiere al ´bien morir´”, señaló la institución en una nota aclaratoria publicada en su cuenta de Twitter.
“El Colegio Médico reafirma su posición en defensa de la vida y reconoce a la muerte como un proceso natural que debe ser atendido acompañando a las personas en este trance final de su vida con el debido respeto a su dignidad”, expresó.
En declaraciones a ACI Prensa, la directora de la Asociación Origen, Giuliana Caccia, aseguró ayer que “hay que tener claro que tanto la eutanasia como el suicidio asistido y el aborto son parte de una agenda que busca instaurar la cultura de la muerte en un país”.
Hace unos días, el Arzobispo de Piura y Tumbes, Mons. José Antonio Eguren, afirmó que “la vida humana es siempre un bien intangible e inalienable, del que nadie puede privar a otro, ni siquiera bajo pedido” y por lo tanto “no existe el derecho a disponer de la propia vida, no existe el derecho a disponer de la vida de otros”.
“La eutanasia es un crimen contra la vida”, subrayó.
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