Toda la sociedad española, no solo los sindicatos, debe felicitarse estos días por la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley que permitirá derogar el artículo 315.3 del Código Penal, un artículo que ha supuesto hasta ahora el procesamiento de unos 300 trabajadores y trabajadoras y sindicalistas, por su participación en piquetes y acciones de huelga. Criminalizar la protesta sindical fue una decisión política, alentada por las tesis neoliberales que tan bien aprovecharon el campo de batalla que dejó la crisis anterior. Corregir este desatino, esta injusticia flagrante, es tarea de la política. Ejercer un derecho constitucional no puede ser delito.
Desde que se lanzara este precepto penal que hacía muy difícil el libre ejercicio de la huelga, los sindicatos de clase nos movilizamos para concienciar a la ciudadanía del peligro de poner nuevos obstáculos a la protesta legítima, más en el contexto que ha vivido este país, y en particular la realidad de los más desfavorecidos, las capas sociales más vulnerables. Pasábamos por los peores efectos de la mal llamada austeridad, los recortes en los servicios públicos que debilitaron el Estado del Bienestar (la pandemia lo ha demostrado), la salvaje reforma del mercado laboral y la consiguiente contestación colectiva en la calle: Tanto en 2013 como en 2014 se superaron las 1.500 manifestaciones al año sólo en Castilla-La Mancha, siempre con los sindicatos y sus comités y delegados como colectivo protagonista, impulsores de la inmensa mayoría de estas movilizaciones. El legislador, retorciendo entonces el concepto del derecho al trabajo (que tiene en la norma constitucional una menor protección que la huelga), lanzó contra la clase trabajadora una permanente amenaza de castigo: Este artículo 315.3 que nunca debió salir adelante dice que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses”. El resultado, cientos de personas llevadas ante los tribunales sin ningún material probatorio, pero con severas peticiones de privación de libertad, sentencias muy duras y desproporcionadas, procesos judiciales en algunos casos pendientes de resolverse, y que la nueva proposición de ley debe dejar sin efecto. Al tiempo, los empresarios que obstaculizaban el derecho a huelga, o castigaban las movilizaciones de sus empleados con despidos, recibían una simple multa.
La secuencia seguida en esta década, desde la persecución de la acción sindical ya tras las huelgas generales de 2010 y 2012, debe hacernos reflexionar sobre el papel que el derecho a huelga tiene en un Estado de Derecho. La salida de la crisis económica y financiera se tradujo en el empeoramiento de las condiciones laborales y materiales de los trabajadores y trabajadoras. Facilitar el despido o debilitar la capacidad negociadora de los sindicatos llevó a la contestación social, y la reacción del Ejecutivo a esa contestación fue idear nuevas formas de castigo policial y legal. Merecimos entonces otra respuesta política por parte de una derecha irresponsable que solo ofreció represión y cerró las puertas al diálogo social, y merecemos ahora una respuesta distinta desde los poderes públicos cuando una crisis económica también se asoma; hace falta una sensibilidad diferente, que entienda la expresión de la protesta como un espacio legítimo, protegido por la Constitución. Dice el profesor Antonio Baylos que la huelga expresa ante todo “el valor de la solidaridad social que es fundamento de la democracia”. Lo hemos visto esta semana en la que recordábamos la huelga general de diciembre de 1988, el hito que supuso paralizar un país para decir al Gobierno de entonces que su programa de gobierno en materia de empleo era lo contrario a lo que la sociedad reclamaba y necesitaba. Lo vemos en cada huelga, en cada conflicto, protestas que nunca han sido caprichosas, y que han supuesto sen cambio un factor de cambio social, un acelerador de las conquistas sociales. Conviene no olvidar esta historia, tenerla en mente cuando se cuestione el papel de la defensa de la clase trabajadora de las organizaciones sindicales y haya políticos que se atrevan a atacar los derechos que tanta lucha nos llevó conseguir, cuando los gobernantes se atrevan de nuevo a reprimir la protesta y perseguir las movilizaciones como si el reloj del régimen franquista siguiera funcionando. El tiempo político es otro, mal que pese a quienes hacen ejercicios de nostalgia todos los días. Este tiempo exige valentía al primer gobierno de coalición de la democracia, confiamos en el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas de izquierda para avanzar en esta senda de recuperación de derechos. Echar atrás este artículo 315.3 es irrenunciable para proteger la salud democrática, pero también es clave corregir los aspectos más cuestionados de la llamada ‘ley Mordaza’, así como tumbar la reforma laboral del Partido Popular, que no ha cumplido desde luego los objetivos con los que la lanzaron quienes la defendían (reducir la temporalidad). Sí se han cumplido los augurios de quienes la rechazamos en las calles, un mercado laboral más precario, más trabajadores pobres, más hombres y mujeres que pese a tener un empleo no pueden llegar a fin de mes, pagar un alquiler, o una hipoteca. Es momento de asegurar que el nuestro es un país donde, además, los trabajadores y trabajadoras pueden ser escuchados, sin represión y sin miedo, donde los sindicatos puedan cumplir su papel como instrumento para recuperar y ganar derechos.
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