La inactiva establece la separación de las actividades asociadas a las redes, de la comercialización de la energía eléctrica y de la oferta de distribución en productos y servicios.
En el marco de la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la portabilidad eléctrica (boletín 13.782) la Comisión de Minería recibió la exposición de expertas en materia de energía, que opinaron sobre el texto legal.
Este señala que, con las actuales condiciones de competencia y de nuevas tecnologías en el mercado de la distribución, su objetivo es “establecer el derecho a la portabilidad eléctrica”, para lo cual se busca habilitar a todos los usuarios finales a elegir a su suministrador de electricidad, a fin de que puedan obtener precios más bajos, junto con ofertas diferenciadas y personalizadas, además de una mejor calidad en la atención comercial.
Asimismo, señala la necesidad de asegurar la entrada de nuevos actores y competidores, aprovechando las instalaciones y la utilización de información; propone la creación de la figura del “Comercializador de Energía Eléctrica”, que será la contraparte comercial del usuario final, e incorpora la figura del “Gestor de la Información”, organismo privado y licitado cuyo fin es garantizar la total independencia en el manejo de la información.
Asimismo, el proyecto pretende incorporar una flexibilización al sistema de licitaciones de forma de permitir que se adapte a condiciones cambiantes del mercado.
Expertas invitadas
Para ahondar en la propuesta, la comisión escuchó, en primer término, a Daniela Martínez, abogada, Master en Derecho y Administración Pública de la Universidad de Harvard, quien señaló que la iniciativa descansa en dos supuestos básicos que a su parecer debieran cumplirse para otorgar un mejor servicio:
1. La comercialización de electricidad ya no tiene la característica de ser un monopolio natural.
2. Como consecuencia de lo anterior, la forma más eficiente de regular dichos servicios es permitir la competencia, es decir, que entren nuevos actores, lo que se espera derive en precios más bajos, más innovación, mejor calidad de servicio y, en definitiva, en un mayor bienestar del consumidor.
Ante ello, indicó que es crucial que “el proyecto de ley asegure la verdadera competencia entre los diferentes actores del sector eléctrico y, especialmente, entre los comercializadores, ya que, de lo contrario, las promesas de la iniciativa de portabilidad no se cumplirán”.
Por su parte, Macarena García, economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo, planteó que el proyecto traería aparejado varios beneficios para los usuarios:
- Otorga derechos a los usuarios del sistema eléctrico nacional
- Incorpora elementos de protección al consumidor pequeño
- La competencia en el segmento de la comercialización es un incentivo
- Promueve la incorporación de medidores digitales (MD)
- Flexibiliza el sistema de licitaciones de forma de permitir al sistema adaptarse a condiciones cambiantes del mercado
Asimismo, la especialista valoró la creación del Gestor de la Información, como un banco con más, mejor y oportuna información, en un contexto de protección de datos.
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