El próximo 18 de enero ante el presidente Iván Duque se posesionará Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación, la primera mujer que estará al frente de esta entidad en sus 190 años de historia como garante de los derechos y representante de la sociedad.
Llega al cargo en un momento difícil del país provocado por la pandemia, en la que este organismo ha sido vigilante de que los funcionarios cumplan su obligación y no se dilapiden por la corrupción los recursos para la atención de la población.
Cabello Blanco, tras renunciar como ministra de Justicia, sucederá a Fernando Carrillo, quien mantuvo entre sus principales objetivos en sus cuatro años en la Procuraduría la lucha contra la corrupción, que en abril pasado produjo un hecho inédito como fue que junto con el contralor Carlos Córdoba, y el fiscal General, Francisco Barbosa, lograron que las tres entidades trabajaran de forma coordinada para vigilar los billonarios recursos de los gobiernos nacional y territorial dirigidos a atender la emergencia social y económica por la pandemia.
Precisamente, la exministra señaló ante el Senado, tras ser elegida Procuradora General, que la lucha contra la corrupción en la administración pública será una de sus principales objetivos.
Por eso afirmó que buscará “modernizar el concepto de la lucha contra la corrupción, que parece actuar con paliativos, pero no con instrumentos que propicien el cambio de fondo deseado: una administración pública eficiente y transparente”.
Cabello Blanco anunció también entre sus objetivos para la Procuraduría que “la función preventiva y el control de gestión los fortaleceremos, no se pueden reducir a una vigilancia sin que se sienten las bases para mejorar la administración pública”.
Principales retos
Cabello es consciente de que ser la primera Procuradora General implica hacer una buena gestión que deje abierta la posibilidad a que más mujeres lleguen al cargo en un futuro. Indicó que tiene la responsabilidad “de hacerlo bien, de acertar, para que después lleguen muchas más mujeres. Vamos a trabajar para que las que vienen detrás de nosotras sigan enriqueciendo a la sociedad con su capacidad”.
Otro reto que se plantea Cabello es que mantenga la necesaria independencia del Ministerio Público frente al Ejecutivo y el Legislativo.
El presidente Duque la designó Ministra de Justicia y luego le aceptó su renuncia para que aspirara a Procuraduría, por ello no dudó en incluirla en la terna en la cual también el Consejo de Estado y la Corte Suprema presentaron candidatos.
Por su parte, el Senado escogió a Cabello con 83 votos en una elección que estaba cantada pues previo a la misma partidos como el Conservador y el Centro Democrático anunciaron que votarían por ella.
Por eso ha dado pie a que la oposición pretenda poner en duda la independencia de la jurista en llevar adelante sus funciones frente a quien la ternó y quienes la eligieron. Aunque estos señalamientos no pasan de ser opiniones porque Cabello ni los anteriores procuradores se inventaron este sistema de elección y, por supuesto, nadie está en capacidad de adelantarse a decir cómo se comportará ella en el cargo.
De igual manera Cabello tendrá el desafío de que el Ministerio Público siga con la lupa puesta sobre la forma como el Gobierno nacional y los territoriales están atendiendo la afectación social causada por la pandemia así como por el pulcro manejo de los recursos.
Así mismo, la Procuraduría, como en anteriores oportunidades, debe tener un papel importante en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, desde certificar que los aspirantes que se inscriban no tengan inhabilidades, hasta velar porque los poderes Ejecutivo y Judicial mantengan la debida neutralidad frente a este proceso, así como que los funcionarios no participen políticamente de forma indebida.
Fallo de Corte IDH
Un tema clave que tendrá que resolverse en el periodo de Cabello es la obligación del Estado colombiano de atender el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las sanciones de suspensión y destitución de funcionarios de elección popular dependan de un juez, y no como sucede hasta ahora que las dicta una autoridad administrativa como la Procuraduría.
La semana anterior el procurador Carrillo radicó en el Congreso un proyecto para ajustar de acuerdo al fallo de la Corte IDH las competencias sancionatorias de la entidad en investigaciones contra servidores públicos de elección popular por casos de corrupción y violación de derechos humanos.
El aspecto más llamativo de la iniciativa de ley es que si bien el Ministerio Público no renuncia a las facultades que hasta el momento tiene de sancionar, para el caso de destitución e inhabilidad general que se aplique a funcionarios de elección popular (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles) la decisión dependerá de un fallo judicial
Queda por ver si Cabello apoyará el proyecto en estos términos o, en su defecto, presenta al Congreso su propuesta de ajuste normativo de las facultades sancionatorias de la Procuraduría.
Perfil de la Procuradora
Nacida en Barranquilla, fue Ministra de Justicia en el actual Gobierno, magistrada de la Sala Civil y Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Especialista en Derecho de Familia y Especialista en Derecho Procesal Civil y candidata a Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo.
Inició su trayectoria profesional como juez penal municipal de Sabanalarga (Atlántico), juez de menores y juez civil del circuito de Barranquilla hasta llegar a la magistratura en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla.
Ejerció entre 2009 y 2012 el cargo de Procuradora Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
Catedrática por más de 20 años en varias universidades nacionales.
Crédito: Enlace fuente
