ZACATECAS. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 88/2020 al gobernador, Alejandro Tello Cristerna, y al fiscal general de Justicia de Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiseco, por vulnerar los derechos humanos de una mujer privada de la libertad, en el Centro Penitenciario Distrital de Calera de Víctor Rosales.
El 13 de febrero de 2020, varios medios de comunicación dieron a conocer el caso de una mujer, quien, de manera indebida, fue internada durante dos meses en dicho centro penitenciario, donde fue agredida sexualmente en diversas ocasiones.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación y emitió una recomendación, al entonces secretario estatal de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández; sin embargo, ante la gravedad de los hechos, la CNDH atrajo el caso al considerar que ese establecimiento penitenciario no reúne las condiciones para alojar población femenil.
La CNDH determinó que la víctima debió ser alojada en el centro penitenciario femenil de la entidad y, durante su investigación, advirtió que, en la Carpeta de Investigación, sólo se había solicitado una orden de aprehensión en contra del autor material, sin que se investigaran otras conductas o personas involucradas.
Este organismo también comprobó que dicha persona se encontró en un triple estado de vulnerabilidad, ya que, además de ser mujer y estar privada de la libertad en un establecimiento penitenciario para hombres, se ejerció en su agravio un ambiente de violencia física, psicológica y sexual, y constató una de las autoridades responsables de los hechos formaba parte del cuerpo de custodia quien afectó su integridad, con lo que se vulneraron sus derechos a la integridad personal y sexual, a una vida libre de violencia, a la reinserción social y de acceso a la procuración de justicia.
Ante ello, la CNDH solicitó al gobernador del estado iniciar el procedimiento administrativo correspondiente e implementar acciones que garanticen el respeto al derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad.
Al fiscal general de Justicia se le solicita continuar con la investigación inmediata, por el delito de violación equiparada agravada, e impartir un curso al personal ministerial, sobre la relevancia de cumplir con una adecuada investigación de los delitos cometidos contra las mujeres por razones de género.
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