Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inhibir cualquier manifestación social y organización política es el objetivo principal del régimen de Ortega y Murillo por el cual se realizan detenciones arbitrarias, irrespeto del debido proceso, tortura y malos tratos a presos políticos, y asedio, hostigamiento y amenazas a expresos políticos y sus familiares.
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“La Comisión Interamericana ha constatado que, desde el inicio de las protestas sociales, las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual régimen y transmitir un mensaje de temor y control a la población nicaragüense”, se lee al inicio del informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”.
Dicho informe fue aprobado el cinco de octubre de 2020. En este, la CIDH realiza un análisis de la situación de los derechos humanos de los que han sido privados de libertad por el régimen desde 2018.
Con información parcial brindada por el gobierno, datos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-Nicaragua, datos de organismos internacionales, nacionales de sociedad civil y testimonios de las víctimas se ha establecido que al menos 1614 personas han sido privadas de libertad por expresar su oposición al régimen, 1251 hombres y 108 mujeres, entre ellas tres mujeres trans. La CIDH ha recibido y sistematizado testimonios de al menos 266 personas privadas de libertad.
Sobre las detenciones
Las detenciones realizadas por policías, agentes paraestatales encapuchados, a partir de las protestas contra el régimen, se realizaron bajo patrones comunes de violaciones a derechos humanos caracterizadas en la primera fase de la represión (iniciada en abril 2018), las detenciones arbitrarias fueron masivas, de manera violenta, mediante el uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, en esta primera etapa fueron utilizadas como castigo y represión por postura de oposición, en la segunda fase (a partir de julio 2018), eran detenciones selectivas en la “operación limpieza” para desmantelar tranques y barricadas en todo el país.
En la tercera fase iniciada en agosto 2018, continuaron las detenciones arbitrarias, hubo criminalización y persecución selectiva y la generalización de procesos penales contra los detenidos bajo cargos infundados y desproporcionados como secuestro, terrorismo, crimen organizado y otros.
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La cuarta fase de represión dio inicio en diciembre 2018 con el cierre de espacios democráticos y la adopción de medidas y decretos que restringieron ilegítimamente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, esta fase continuó en 2019 con la persecución de líderes sociales y universitarios, incluso periodistas de medios de comunicación independientes “la CIDH además tomó conocimiento de la normalización de un nuevo patrón de detenciones arbitrarias, de corta duración, realizadas con el objetivo de amedrentar a líderes y lideresas sociales, a las personas previamente excarceladas o para impedir la realización de protestas y manifestaciones sociales”, se lee en el inciso 42 del informe.
Durante esta cuarta fase, se el Estado de Nicaragua anunció la excarcelación de 493 presos políticos, 106 personas bajo la Ley de Amnistía y 387 en anuncios unilaterales del Estado, sin embargo se realizaron incumpliendo los términos acordados entre el gobierno y la Alianza cívica, pues las excarcelaciones se realizaron “de manera deliberada en momentos considerados “críticos” para el Gobierno nicaragüenses en la agenda nacional e internacional”, como se describe en el informe.
El 30 de diciembre de 2019 se comunicó de la excarcelación de 90 personas, en el contexto de prolongación de la crisis la CIDH advierte en este informe que “las personas privadas de libertad arbitrariamente fueron manipuladas como objeto de “intercambio” y “negociación” por parte el Estado con la finalidad de mantener e incertidumbre y angustia a sus familiares e inhibir las acciones de protesta social y condicionar las acciones de la oposición”, se lee en el informe.
Condiciones de detención
Las arbitrariedades de las detenciones inician al no informar el motivo de la detención, estar retenidos por días y hasta meses sin ser puestos a la orden de las autoridades judiciales, violando el plazo legal de 48 horas, ser llamados golpistas, delincuentes y vándalos, ser señalados como responsables de actos terroristas y de crimen organizado, antes de ser puestos a disposición de las autoridades competentes.
Al ser detenidos se sigue un patrón, son detenidos y llevados a las estaciones de Policía de su localidad, luego son trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, para finalmente trasladarlos a cárceles de “La Esperanza” y “La Modelo”, “una práctica de centralización de los procesos para desarrollar los juicios penales en contra de personas opositoras y manifestantes en los tribunales de Managua, aun cuando los hechos investigados sucedieron en otros municipios”, refiere sobre dicho patrón en el informe.
Luego, las arbitrariedades continúan al estar detenidos en condiciones de hacinamiento, bajo negligencia médica, insalubridad, sin ventilación adecuada, obstaculización de visitas y aplicación de regímenes de aislamiento sin motivos, entre otras.
Por otra parte “Las denuncias y testimonios recibidos indican la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales. Asimismo, la CIDH registró la toma de represalias y otros hechos que revelan un ensañamiento particular contra las personas identificadas como opositoras al gobierno o participantes de las protestas”, se lee en el informe.
Sistema de justicia
La CIDH, condena la participación del sistema judicial en los procesos irregulares y arbitrarios que se llevan a cabo en contra de los opositores.
“En el contexto de la crisis en Nicaragua, la falta de independencia del sistema de administración de justicia facilitó el empleo y manipulación del derecho penal para criminalizar y judicializar a las voces críticas u opositoras al gobierno, lo que derivó en cientos de procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados, así como graves afectaciones a las garantías judiciales de las personas detenida”, refiere en el informe sobre el tema.
Pues además dela realización de los procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados, el sistema judicial participó en la ausencia u obstáculos para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, la centralización de los procesos y juicios penales en los tribunales de Managua, la falta de efectividad en el recurso de exhibición personal, incumplimiento de órdenes de libertad, y además hubo represalias contra operadores de justicia, por no ajustarse a las políticas del gobierno.
Conclusiones y recomendaciones
Dentro de las conclusiones en el informe de la CIDH se señaló que hasta la fecha existe la falta del cumplimiento del debido proceso, falta de acceso a la justicia, el uso de patrones sistemáticos, incomunicación, entre otras anomalías.
“Las personas que estuvieron privadas de su libertad en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua han sufrido afectaciones emocionales, psicológicas, físicas y económicas que todavía continúan, expresándose en diferentes aspectos de su vida…Además de las secuelas producidas por la privación de la libertad, las personas excarceladas son víctimas de constantes amenazas, asedios, agresiones y campañas difamatorias a las que son expuestas por simpatizantes del gobierno e incluso por la Policía Nacional”, se lee sobre las afectaciones de los reos políticos.
Asimismo la CIDH afirma que no cuenta con información que indique que el Estado de Nicaragua investigue estas graves violaciones a los derechos humanos.
Entre las recomendaciones del informe incluyen la liberación de los presos políticos, cesar las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes continúan protestando y manifestándose, respetar el debido proceso, asegurar que los operativos de seguridad se realicen de acuerdo a los estándares internacionales, asegurar el acceso a la salud.
Así como adoptar medidas necesarias para garantizar la investigación de casos de violencia contra las mujeres, en especial los casos de violencia sexual, refiriéndose a las detenciones de mujeres opositoras.
En cuanto a las personas LGBTI privadas de libertad, se solicita adoptar medidas para asegurar que se tome caso por caso la decisión de donde alojar a las personas trans, prevenir la violencia hacia esta comunidad, hacer entrenamientos de policías y personal de custodia para asegurar que protejan de manera adecuada la vida e integridad de las personas LGBTI.
Además por la conocida falta de medidas con respecto al Covid-19 por parte del Estado de Nicaragua, la CIDH realizó recomendaciones para que se tomen las medidas necesarias para la protección de los privados de libertad.
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