Entendemos por libertad económica y libre empresa cuando se respeta el derecho de toda persona a desarrollar cualquier actividad comercial sin cargas ni regulaciones excesivas, ni intromisiones del Estado en la vida privada de los individuos, ni en la administración de sus empresas.
Donde son imprescindibles y por ende se protege férreamente el Estado de Derecho, el derecho de propiedad y la responsabilidad fiscal. Está comprobado que estos enumerados promueven las inversiones, el crecimiento económico, aumentan los empleos e impulsan los impuestos, lo que se traduce en mayor prosperidad para todos.
Panamá ha estado en caída libre en la clasificación internacional “Doing Business” elaborada por el Banco Mundial, alcanzando el puesto 86 en la última medición, cuando en el 2014 se ubicaba en el peldaño 55.
Este índice mide las regulaciones para hacer negocios en 190 economías. De igual forma, desde el año 2014, el país ha experimentado un desplome en la medición del ranking de competitividad que presenta anualmente el Foro Económico Mundial.
Luego de haber ocupado la posición 40, seis años después nos encontramos 26 puestos por debajo en el número 66 de 141 países analizados.
Estos descensos en este tipo de listados tan solo son el reflejo de cómo en Panamá, el libre mercado es cada vez menos libre, asediado y amenazado desde distintos Órganos del Estado con mayor intervencionismo y funcionarios públicos que se extralimitan más allá de sus funciones. Hecho que se ha profundizado durante este tiempo de pandemia.
La grave crisis económica que estamos viviendo es resultado del cierre obligado de nuestras empresas y el establecimiento de medidas restrictivas de libertad con graves consecuencias que surgen cuando en el Estado no se tiene pesos ni contrapesos ni mucho menos armónica colaboración para gestionar de manera ordenada la cosa pública.
El silencio de la Corte Suprema de Justica en resolver los amparos de garantías presentados con respecto a los derechos ciudadanos y el Estado de Emergencia le han dado un golpe certero al Estado de Derecho y ha dejado en indefensión a todo un país.
Mientras que, esperamos de la Asamblea Nacional propuestas ampliamente consultadas, que estén alejadas de contenidos populistas, centrándose en el desarrollo nacional y no en intereses electoreros.
Es inaceptable la clasificación de actividades “esenciales” y “no esenciales” porque en la empresa privada todo colaborador es esencial. Para el trabajador que con su esfuerzo diario alimenta a su familia su trabajo es esencial.
Teniendo ya, desde hace meses, un firme entendimiento de la medidas sanitarias necesarias para prevenir la propagación del virus (mascarillas, pantallas faciales, distanciamiento, lavado de manos, etc.) resulta una total desconsideración que desde el confort y privilegio que representa el estar usufructuando de la planilla estatal, se le impida a miembros del sector privado llevar el sustento a sus familias y pagarle el salario a sus colaboradores por más de 10 meses, cuando lo desarrollan de manera responsable e implementando todas las medidas sanitarias necesarias.
En esta crisis, el sector público dista mucho de estar en el mismo barco que el sector privado; siguen en deuda de ser solidarios y realizar sacrificios por el bien común.
Es imperativo y urgente una reducción del gasto público acorde a los ingresos, sobre todo la disminución de la jornada laboral para los funcionarios que no están en la primera línea de defensa contra el Covid-19, que generaría ahorros para otorgar un apoyo a los miles de empleados suspendidos y empresas afectadas por el cierre de actividades ordenado por las autoridades.
Adquirir deuda para pagar funcionamiento sin un plan de control de gastos, equivale a hipotecar el futuro de las próximas generaciones. El Estado también debe ser solidario.
Panamá y su gente no aguantan un cierre más, cada día cerrado aumenta el deterioro de la economía del país y se disminuye la capacidad de poder alimentar a nuestras familias.
Tenemos el derecho de movilizarnos para poder ir a nuestros trabajos y abrir nuestras empresas con el deber de seguir las medidas de bioseguridad.
Exigimos del Estado respeto a los derechos fundamentales para una convivencia en sociedad.
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