Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, será imputado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos. Este es solo un caso de cinco hechos más por los cuales la Fiscalía tiene bajo la mira al polémico empresario. Primicia Noticias RCN
Fue en 2016 cuando se aprobó un otrosí en el marco de la polémica Ruta del Sol Sector 3 para diseñar y construir un puente que llevara de Plato a Zambrano, en el departamento del Magdalena. El contrato por más de 5,789 millones de pesos se lo ganó el concesionario Yuma Concesionaria S.A., que a su vez subcontrató a la empresa Consultores Unidos S.A. para realizar estudios de diseño y otros análisis tipológicos relacionados con el puente.
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Después de concentrar la investigación en un cuerpo élite especializado en el caso de Odebrecht, a lo largo del último año, la Fiscalía dice tener pruebas suficientes que demuestran que Roberto Prieto intervino activamente para lograr ese contrato y que se habría quedado con el 10 %, equivalente a más de 500 millones de pesos que fueron a parar a sus cuentas personales.
Mediante distintos testimonios y, sobre todo, inteligencia financiera, las autoridades, en cabeza de la Fiscalía, aseguran tener la certeza de que Prieto recibió en efectivo y también en transacciones bancarias ese dinero proveniente de un subcontrato que, según el ente investigador, nunca se ejecutó.
Con Prieto serán imputadas otras cuatro personas por este caso. Cabe recordar que por este caso, el exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos había sido condenado a cinco años por otros delitos, pero no por lavado de activos que puede tener una pena entre diez y más de veinte años.
De hecho Noticias RCN pudo establecer que Prieto está solicitando libertad condicional o detención domiciliaria, también que la Fiscalía está dispuesta a concederle “inmunidad total”, pero sólo si Prieto hace lo que se llama en derecho penal una “delación jerárquica”, es decir, que hable de personas que estuvieran por encima de él o se beneficiaran de estos delitos.
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También este medio conoció que por orden del fiscal general, Francisco Barbosa, el único que va a poder negociar beneficios judiciales con Roberto Prieto es el fiscal del caso, el doctor Gabriel Jaimes, y solo si hay colaboración real y efectiva.
El fiscal Jaimes enviará una comunicación al Ministro de Justicia pidiéndole que revise las condiciones de detención de Prieto en el Centro de Estudios de la Policía, (CESPO), que es donde está recluido. Es más, la Fiscalía pedirá al gobierno que no se envíe a más personas privadas de la libertad a ese lugar por las dudas que genera la forma en que están viviendo los detenidos.
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