El presidente Andrés Manuel López Obrador perfila una reforma para que dependencias federales absorban funciones de los organismos autónomos, a los que señala como sinónimo de corrupción. Uno de los casos que se plantean, es que la Secretaría de la Función Pública embeba las actividades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Ante la propuesta presidencial, diversos actores y organismos han salido a la defensa tanto del Inai como del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y otros organismos autónomos cuyo objetivo es el de descentralizar el poder y la toma de decisiones en distintos sectores.
¿CÓMO SE CREÓ LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?
Al perder el Partido Revolucionario Institucional (PRI) las elecciones del 2000 y llegar Vicente Fox a la presidencia de la República, recuerda Juan Francisco Escobedo Delgado para el especial editorial del Inai “La agenda democrática del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro”, “el horizonte del país se advertía trufado de claroscuros. Una mezcla difusa de expectativas desmesuradas se combinaba con un vector de incertidumbre y desencanto”.
El grupo en cuestión, que reunió a académicos, periodistas y editores de periódicos impulsó la creación de la primera Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En el contexto de la alternancia, se ofrecía una estructura inédita de oportunidades que se insertaba dentro de un marco institucional democrático y comprometido con los derechos y libertades.
Se percibió, entonces, la necesidad de aprovechar dicha estructura para fijar en la agenda pública el tema del derecho de acceso a la información e impulsar la creación de la primera ley reglamentaria relacionada con el derecho a la información.
Este concepto, desde diciembre de 1977 se había incluido en la narrativa constitucional bajo el impulso de Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, pero las voces e iniciativas sociales y académicas que se habían expresado con el objeto de incidir para garantizar la expresión efectiva de los derechos fundamentales, asociados con la libertad de información en sus diversas vertientes, se habían desvanecido en los debates académicos y en las plazas públicas.
El seminario que daría origen al Grupo Oaxaca surgió de conversaciones sostenidas entre Escobedo Delgado y Ernesto Villanueva en los corredores de la sede de Santa Fe de la Universidad Iberoamericana.
Fue Villanueva quien formuló el proyecto para realizar en la ciudad de Oaxaca un seminario internacional para llevar a cabo una discusión especializada sobre cuatro temas en particular: la transparencia publicitaria, los medios públicos, el secreto profesional del periodista y el derecho de acceso a la información.
Tras el seminario, el objetivo del Grupo Oaxaca fue exigirle al gobierno de Vicente Fox que enviara una iniciativa de ley para reglamentar el derecho de acceso a la información. Meta que cambió ante los titubeos gubernamentales, y más tarde, frente a las limitaciones del proyecto redactado por la Secretaría de la Contraloría del gobierno federal, recuperado posteriormente por la Secretaría de Gobernación. Se decidió, entonces, tomar la iniciativa para definir los contenidos mínimos que debería tener una ley en ese campo normativo y se dieron a la tarea de redactar un proyecto de ley.
“La actitud del presidente Vicente Fox y de sus principales colaboradores ante el despliegue del Grupo Oaxaca fue desdeñosa e incluso tuvo desplantes de intolerancia (…) La medianía fue el signo distintivo del presidente de la primera alternancia”, escribe Escobedo.
LA INICIATIVA
Para redactar el proyecto de ley, se recuperaron algunos principios básicos del proyecto moderno e ilustrado encarnado en el Estado constitucional y liberal de derecho:
1. el poder tiene límites y se encuentran preferentemente en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales,
2. el poder debe dividirse para su ejercicio, ya que en tiempos de expresiones ciudadanas de baja intensidad, es más probable que resurja el despotismo y el autoritarismo entre quienes suelen ejercer el poder público por encima de la ley y de los derechos de las personas y
3. el poder debe rendir cuentas, escuchar y dialogar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, porque la democracia presupone pluralidad, tolerancia y diálogo civilizatorio.
“Nunca tuvimos ningún intercambio directo con el presidente Fox o con alguno de sus secretarios. Miopía, mediocridad y falta de prestancia, estos tres rasgos se combinaron en el presidente y su gobierno en relación con la agenda del derecho de acceso a la información”, escribe el cofundador del Grupo Oaxaca.
Para este proceso, el Grupo Oaxaca albergó a representantes de medios de comunicación como El Universal, La Jornada, la revista Proceso o de los periódicos El Norte, Reforma y El Informador de Guadalajara.
“Era necesario abrir el ostión del autoritarismo y para ello, las coincidencias de la alianza social y ciudadanía que condensaba el Grupo Oaxaca apuntaban hacia la apertura del poder ejecutivo federal”.
En la casa de Luis Javier Solana se redactó el proyecto denominado “Iniciativa ciudadana de Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental”. Una vez listo, comenzó la tarea de gestionar los apoyos parlamentarios necesarios para que el documento se convirtiera en una iniciativa de ley.
Martí Batres, entonces coordinador parlamentario del PRD en San Lázaro, fue el primero en firmar el documento elaborado por el grupo. Después de una reunión con el diputado Armando Salinas Torre, entonces presidente de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara Baja se pudo convocar al pleno de la comisión y recibir de manera formal la propuesta del grupo.
Mientras se desarrollaba el evento, y de manera inesperada, se sumaron a la mesa principal quienes en ese momento fungían como coordinadores parlamentario del PAN y del PRI, Felipe Calderón y Beatriz Paredes, respectivamente.
“De esa manera, un grupo de legisladores enviaba una señal clara de apertura a un segmento de la sociedad civil, y al hacerlo, propiciaba una nueva correlación de fuerzas políticas del proyecto del Grupo Oaxaca”, escribe Escobedo.
Para el 5 de diciembre de 2001 ya se había inscrito la iniciativa de ley del gobierno de Vicente Fox, así como la iniciativa ciudadana redactada por la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca. En esa tesitura, Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, consultó con Roberto Rock, director general de El Universal, si el grupo aceptaría participar en una mesa de negociación que el gobierno estaba dispuesto a auspiciar en el interior de la Cámara de Diputados.
El Grupo Oaxaca tomó la palabra del gobierno de Fox bajo por lo menos dos condiciones. La primera, que los legisladores que habían apoyado la iniciativa del Grupo Oaxaca y la habían inscrito formalmente como iniciativa de ley estuvieran completamente de acuerdo con la participación en las negociaciones y otorgaran confianza plena para tomar decisiones en la mesa de diálogo con los representantes del gobierno; la segunda, que los representantes del gobierno tuvieran mandato resolutivo para decidir y respetar los acuerdos que se tomaran en la mesa.
“Salvo en la sesión final de la mesa de negociación, en ninguna otra sesión estuvieron presentes los legisladores. De tal suerte que la mesa se integró por los representantes del Grupo Oaxaca y por el equipo del gobierno federal. Los legisladores respetaron el formato y observaron con distancia prudente el proceso
El Grupo acreditó a Jorge Islas y a Juan Francisco Escobedo representantes en la mesa de negociación; el gobierno federal dispuso a Sergio López Ayllón, entonces secretario de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como a Ricardo Sepúlveda y Lina Ornelas, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y Javier Laynez Potisek de la Coordinación Jurídica de la Presidencia de la República.
Las coincidencias entre ambas partes permitieron que se elaborara el dictamen que habría de someterse a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados. En junio de 2002, la primera ley de Acceso a la Información se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en ese mismo año se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el que posteriormente se convertiría en el actual Inai
“Cualquier gobierno o político que pretende gobernar transgrediendo los derechos humanos, el acceso a la información de las personas, la protección de los datos personales, la publicidad de los asuntos públicos y la atención puntual de la obligación inexcusable de rendir cuentas simplemente confirmaría sus propensiones autoritarias y despóticas”, concluye Juan Francisco Escobe Delgado.
(djh)
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