El bloque opositor en la Cámara alta bonaerense rechazó las modificaciones que los legisladores K quisieron introducir al Código procesal. Asociaciones de víctimas de delitos denunciaron “una maniobra abolicionista que permite otra masiva salida de delincuentes”.
La semana pasada, el Senado bonaerense se dispuso a debatir la adecuación del Código Procesal Penal de la provincia a la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nacional en 2017. Esta Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos) es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien adecuar a ella su normativa; este último es el caso de Buenos Aires.
Si bien el Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado provincial, domina una de las comisiones que debía tratar el tema, la de Legislación General, que preside el senador Francisco Durañona. El proyecto a debatir -que también había pasado por la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos- había sido elaborado en conjunto por legisladores de Juntos por el Cambio -los senadores Walter Lanaro, Lorena Petrovich, Lucas Fiorini, Franco Bagnato y María Belén Tapia, y la diputada Carolina Piparo-, previa consulta con otras fuerzas políticas y con las asociaciones de víctimas, promotoras de la Ley a nivel nacional.
El despacho de mayoría buscaba “garantizar y asegurar a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.
El proyecto también apuntaba a promover políticas públicas para fortalecer el protagonismo de las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y también a posteriori del mismo.
Hasta la sanción de esta ley, la persona víctima de un delito quedaba librada a su suerte. Si disponía de los medios suficientes para contratar un buen abogado, podía constituirse en parte querellante en el proceso, pero a su cuenta y cargo. Los familiares de un muerto por la delincuencia no están preparados para semejante contingencia; nadie los informa ni los asesora. Mientras tanto, el perpetrador del delito tiene derecho a un defensor público si es solventarlo. Antes de esta ley, si el damnificado no contrataba un abogado, no tenía ninguna participación en el proceso.
Entre los objetivos del proyecto de Ley provincial se incluía la creación de centros de protección a las víctimas, asesoramiento psicológico y asistencia letrada gratuita; los familiares serían informados sobre el avance de las causas, podrían participar en la formación de las pruebas y, no menos importante, serían notificados durante la etapa de la ejecución penal, es decir, del cumplimiento de la condena y eventuales beneficios que reciba el interno.
La semana pasada, cuando se debía someter a votación el dictamen, el senador Francisco Durañona abandonó la reunión por Zoom que él mismo presidía. Previamente, el kirchnerismo había elaborado un dictamen de minoría que motivó durísimas críticas de las asociaciones de víctimas y la denuncia por parte del vicepresidente de la Comisión de Legislación General, Leandro Blanco (Juntos por el Cambio), de la “actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto”.
En vez de adecuar el código procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, el dictamen kirchnerista introducía una serie de normas para beneficiar a los victimarios.
La actitud de la bancada oficialista no fue impedimento para que el proyecto consensuado avanzara. En la Comisión de Legislación General, los senadores que quedaron tras la salida del Frente de Todos votaron el despacho de mayoría; la reunión estaba iniciada y solo se había hecho una pausa. De todos modos, para las víctimas, la batalla está lejos de haber sido ganada. La sesión para la votación del proyecto tendrá lugar el 10 de septiembre.
“Para nuestro espacio es prioritario tener una ley que garantice el acompañamiento de las víctimas en la provincia de Buenos Aires”, dijo el senador radical Leandro Blanco. “Las víctimas no pueden seguir esperando, por eso avanzamos y decidimos aprobar este proyecto”, concluyó.
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