La proclamación del presidente Donald Trump reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara ha puesto los focos de nuevo en un conflicto olvidado. El movimiento choca contra la ley internacional, pero fue bienvenido con un predecible entusiasmo por Marruecos, que desde hace mucho dice que el territorio es suyo. Tampoco sorprendió que las capitales europeas apenas mostraran su enfado. Porque, aunque siempre han reafirmado su compromiso con las posiciones internacionales para resolver el conflicto a través de un proceso de paz supervisado por la ONU, han vuelto a rehuir el tema para no mostrar su posición sobre el territorio, su estatus legal y las afirmaciones de Marruecos.
Esta ambigüedad nace de varios impulsos contradictorios. Por un lado, los gobiernos europeos y la UE están obligados a cumplir la ley internacional y no reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y mantener el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Por otro lado, un alineamiento cercano con Rabat los ha llevado a favorecer la inclusión del país en las relaciones comerciales bilaterales. El resultado es una relación conflictiva con el Sáhara Occidental que afecta a los intereses comerciales de Europa, dañando sus posiciones políticas y legales y complicando la resolución del conflicto a largo plazo.
Agencias
La política europea en el Sáhara Occidental ha estado motivada tanto por las demandas políticas de Marruecos como por el deseo continental de mantener una buena relación con el país norafricano en temas de comercio, de cooperación contraterrorista y migración. En el pasado, Marruecos no ha tenido reparos en aprovecharse de esos intereses para asegurarse apoyo político en sus peticiones territoriales. La situación se ha complejizado aún más por las diferentes visiones legales no solo entre estados miembros sino también entre las instituciones europeas, como la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Corte de Justicia Europea tomando distintas posiciones sobre la aplicación de la ley de derecho humanitario internacional (que regula las ocupaciones militares).
El lío europeo
Desde diciembre de 1966, la ONU ha reconocido el derecho inalienable de autodeterminación del pueblo saharaui. En octubre de 1975, la Corte de Justicia rechazó cualquier apelación de “nexo de soberanía territorial” entre el Sáhara Occidental y Marruecos. El mismo día que dictó sentencia, Marruecos anunció su intención de “ocupar pacíficamente” el territorio costero. Desde entonces, el país ha incorporado el terreno formalmente bajo la ley marroquí como parte de sus regiones administrativas. Sin embargo, en 1979, la Asamblea General de la ONU declaró que el Sáhara Occidental era un territorio ocupado por Marruecos, señalando claras responsabilidades y limitaciones de las acciones de Marruecos como una potencia ocupante bajo la ley humanitaria internacional.
Pero, aunque la UE no reconoce la soberanía marroquí sobre la zona, no ha adoptado la terminología de la ONU de “territorio ocupado”. La UE ha etiquetado el Sáhara Occidental como “territorio no autónomo ‘de facto’ administrado por el Reino de Marruecos”, usando un concepto legal que no existe en la ley internacional. Y mientras la UE, junto a muchos de sus miembros, ha reafirmado repetidamente el derecho de autodeterminación de los saharauis, ha evitado colaborar con el Frente Polisario como representante legal del pueblo del Sáhara Occidental. Los gobiernos europeos se han negado a reconocer la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que estableció el Frente Polisario como Estado en 1976.
En el contexto de un proceso de paz desatendido, las posiciones europeas del Sáhara Occidental han acabado afectando a las relaciones comerciales de la UE. Al tratar a Marruecos como la potencia ‘de facto’ en el Sáhara Occidental, la UE permite equivocadamente a Marruecos incluir al territorio en sus acuerdos comerciales. Esto ha permitido tanto a los negocios europeos como a los marroquíes beneficiarse de los abundantes recursos naturales del Sáhara Occidental (incluyendo los bancos de peces, fosfatos y la energía verde) en detrimento de los saharauis.
El Frente Polisario ha puesto en duda una y otra vez estas prácticas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asegurando que la UE estaba equivocada al reconocer al régimen administrativo marroquí en el Sáhara Occidental y no buscar el consentimiento de los saharauis por la inclusión de su propio territorio en los acuerdos de pesca y agrícolas entre la UE y Marruecos. Como resultado, las cortes europeas han tumbado una y otra vez los argumentos expuestos por la Comisión Europea y el Consejo Europeo (ambos responsables de las relaciones comerciales de la UE) para justificar la inclusión del Sáhara Occidental en estos acuerdos.
Europa Press
En diciembre de 2016, el TJUE afirmó que el Sáhara Occidental no debía estar incluido en el Acuerdo de Asociación marroquí, que establece la base de la relación comercial con la UE. Una sentencia anterior había acusado a la Comisión de no asegurarse el consentimiento del pueblo saharaui. Y tratando de encontrar una nueva base legal, la Comisión asegura ahora que ha conseguido el consentimiento de la población local. No lo ha hecho buscando la aprobación del Frente Polisario como representante internacional de los saharauis –como debería–, sino consiguiendo el apoyo de las instituciones locales relacionadas con Marruecos. En el proceso, la Comisión puede haber engañado al Parlamento Europeo, que firmó los términos del acuerdo comercial modificado en enero de 2019. Es probable que el TJUE rechace el esfuerzo de la Comisión por eludir la sentencia de 2016, eliminando una vez más cualquier base para el comercio de la UE con el Sáhara Occidental.
Estas sentencias están endureciendo gradualmente la política de diferenciación europea entre Marruecos y el Sáhara Occidental. El resultado anticipado será la exclusión del territorio de los acuerdos bilaterales con Marruecos, imitando el desarrollo de las prácticas de comercio europeo en relación con lo ocurrido en áreas ocupadas por Israel en territorio palestino o el caso similar de Crimea y Rusia. En este caso, los pescadores europeos no podrán operar dentro de las aguas del Sáhara Occidental usando los permisos marroquíes, mientras que los productos agrícolas marroquíes originarios de este territorio serán excluidos de los aranceles preferenciales de la UE. Para acceder legalmente a los recursos del Sáhara Occidental, la UE debería, por lo tanto, no hacer otra cosa que negociar con el Frente Polisario, algo en lo que no ha mostrado mucho interés por la crisis diplomática que causaría en Rabat.
Europa tiene un interés legítimo a la hora de mantener relaciones con Marruecos. Pero esto no debería hacerse a expensas de su compromiso con la ley internacional y los derechos de los saharauis. La UE y sus estados miembro deberían mirar todo esto como una fuente de fortaleza. Podría dar a los europeos tanto el ímpetu como la influencia necesaria para revivir las conversaciones de paz entre Marruecos y el Frente Polisario, mientras se asegura que las prácticas comerciales europeas no perjudiquen la autodeterminación de los saharauis. Además, sería un punto de partida útil para empezar a colaborar con la Administración de Biden reajustar la posición de EEUU sobre el Sáhara Occidental y relanzar un proceso de paz viable.
*Análisis publicado en el European Council on Foreign Relations por Hugh Lovatt y titulado ‘From trade to international law: Why the EU should untangle its relationships with Morocco and Western Sahara’.
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