Con 62 votos a favor, 36 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó la minuta que reforma diversas leyes para que se aplique prisión preventiva oficiosa a los delitos considerados graves.
Esta reforma, que tuvo su origen en la Cámara de Senadores, en julio de 2020, establece la legislación secundaria relacionada con la modificación al artículo 19 de la Constitución Política, que amplía el catálogo de delitos graves a los que se les aplicará esta figura jurídica.
La ampliación incluye ilícitos como el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.
La asamblea respaldó el cambio que planteó la Cámara de Diputado para descartar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a los delitos cometidos con arma réplica -como se establecía en la propuesta original- pues consideró que esta disposición se extralimita, al legislar más allá de lo ordenado por el decreto constitucional.
Las senadoras y senadores coincidieron en que aplicar esta figura a los delitos cometidos con armas réplica, implicaría la creación de un tipo penal que no fue incorporado por el Constituyente Permanente en el artículo 19 de la Constitución Federal.
Es por ello, que el Senado se sumó a este cambio y se allanó al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, el pasado 13 de octubre de 2020.
Con esta aprobación se cumple con el mandato surgido de la reforma al artículo 19 constitucional, donde se establecieron nuevos delitos considerados graves y meritorios de prisión preventiva oficiosa. Además, se armonizan las leyes secundarias para aplicar plenamente esta medida cautelar y evitar malinterpretaciones en la impartición de justicia.
En la discusión del dictamen, la senadora de Morena, Nancy Sánchez Arredondo, indicó que esta reforma significa un acto de justicia elemental en un país donde ésta ha quedado pendiente para muchos mexicanos. “Estamos otorgando mayor capacidad a las autoridades judiciales para actuar de manera inmediata y contundente”, agregó.
De Acción Nacional, el senador Damián Zepeda Vidales dijo que la prisión preventiva oficiosa es la mayor violación a los derechos. Además, calificó de “moda política decir que se quiere combatir la inseguridad, cuando el 90 por ciento de los más de 300 millones de delitos que se cometen al año en México no se denuncian”.
El senador Eruviel Ávila Villegas, del PRI, respaldó el dictamen y expuso la importancia de incluir la portación ilegal de armas de fuego dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues más de la mitad de los homicidios en México, durante la última década, se han llevado a cabo con estos artefactos.
Su compañera de bancada, Claudia Ruiz Massieu Salinas, dijo que la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es contraria al principio de progresividad del reconocimiento a los derechos humanos, que “la reforma atenta contra el principio de presunción de inocencia y valida la restricción a la libertad de una persona”.
El senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, expresó que estas medidas legislativas son autoritarias y contrarias a la Constitución, ya que se utiliza el derecho penal como una herramienta represiva. Lo que se debe hacer, añadió, es fortalecer las capacidades de investigación de los Ministerios Públicos y de las instituciones del país.
A nombre del PT, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas dijo que es una medida que asegura la presencia en la cárcel de aquellos que han trasgredido a la sociedad y que contribuirá a la pacificación del país. Con la aprobación del dictamen se dan pasos firmes en la lucha contra la impunidad, enfermedad heredada por un antiguo régimen de corrupción.
En contra del dictamen, el senador Emilio Álvarez Icaza explicó que no se puede seguir avanzando en la construcción de un sistema punitivo, que es regresivo en materia de los derechos humanos. Acusó que militantes de Morena dan “uso perverso” a la campaña de vacunación con fines electorales; sin embargo, dijo, “ni siquiera estoy de acuerdo que haya prisión preventiva oficiosa” en este tipo de casos.
La minuta modifica el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes generales en materia de Delitos Electorales, y de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las leyes federales para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de Armas de Fuego y Explosivos, Contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Salud, la Ley de Vías Generales de Comunicación, así como el Código Penal Federal.
La Mesa Directiva envió el proyecto de decreto al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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