Firmaron la presentación ante el Consejo, la Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Gastroenterología, la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, Fundación Huésped, Asociación Argentina de Sexología y educación sexual, Asociación Proyecto Surcos para la Promoción de la Salud, a Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, entre otras.
Pico Terrero es el juez que ordenó la aplicación del tratamiento con dióxido de cloro al hacer lugar a un amparo interpuesto por un familiar de un enfermo por covid-19 que finalmente falleció.
Las entidades médicas remarcaron que el médico Dante Converti, que está imputado en una causa penal, “no solo no es especialista en neurocirugía, sino que al mismo tiempo aunque lo fuera, debería haber advertido el magistrado que dicha especialidad médica se encuentra lejos de su ámbito de competencia la indicación de una formulación para el tratamiento de una enfermedad infecciosa”.
Además advirtieron que lo grave de la cuestión, es que el tratamiento indicado, la administración de Dióxido de Cloro, “no solo no se encuentra autorizado o registrado su uso por la ANMAT, sino que por el contrario desde agosto del año 2020 se encuentra expresamente desaconsejado su uso por la multiplicidad de eventos adversos”.
La propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio “reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.
En la denuncia que se hizo contra el juez, las entidades remarcaron que el médico que “ha realizado la indicación con palmaria negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de las normas que regular el ejercicio profesional, fue denunciado a las autoridades sanitarias, a fin de la promoción de las eventuales denuncias administrativas y judiciales que pudiesen corresponder”.
Precisamente, el juez Sebastián Casanello -de turno durante la feria- allanó el consultorio de Converti en la noche del martes, cuando se denunció que había gente extrayendo documentación de un domicilio de la calle Ayacucho al 600. Secuestró historias clínicas y recetas de dióxido de cloro. Se investiga, además, si el médico tenía licencia habilitante y matrícula. El Ministerio de Salud planteó la denuncia penal. En el mismo sentido, un abogado se presentó también en la justicia federal para denunciar penalmente a Pico Terrero bajo el supuesto delito de “mala praxis judicial”. Vadim Mischanchuk consideró la posible comisión de “mala praxis judicial por intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica”.
En ese contexto, el Sanatorio Otamendi emitió un comunicado en el que deslindó responsabilidades sobre la aplicación del tratamiento que el paciente recibió pese a la objeción judicial que había presentado la institución y señaló que fue Converti el que consiguió y suministró la sustancia y que el paciente nunca mejoró y debió, posteriormente ser internado en cuidados intensivos para fallecer a las pocas horas.
Crédito: Enlace fuente
