Tal y como había advertido en repetidas ocasiones la Organización Mundial de la Salud (OMS), la falta de vacunación en los países más pobres ha acabado por afectar a todo el mundo. La aparición en el cono sur de África de la variante ómicron del coronavirus ha hecho saltar todas las alarmas en los países desarrollados, que han cancelado las conexiones con esta zona y están aumentando las restricciones mientras buscan en sus territorios pruebas sobre la presencia de esta variante que podría ser más contagiosa y peligrosa, aunque aun no existen datos concluyentes al respecto. Una tarea de detección para la que la administración volverá a contar con el sector del agua, que casi de manera inmediata ha mejorado su sistema de monitorización de aguas residuales para incluir a ómicron.
En concreto, la empresa Agbar ha desarrollado un nuevo sistema de caracterización de variantes de SARS-CoV-2 en las aguas residuales que permite la identificación de la nueva variante ómicron dentro de su sistema de vigilancia, llamado City Sentinel. Y lo hace gracias a una combinación de técnicas de diagnóstico molecular avanzado basadas en genómica ambiental, que permiten monitorizar la evolución del virus y sus variantes, así como la identificación de posibles nuevas mutaciones que se transformen en nuevas variantes.
Actualmente, la solución COVID-19 City Sentinel está implantada en más de 100 municipios en España, estudiando el comportamiento de las aguas residuales de más de 13 millones de habitantes, por lo que será clave para detectar e intentar aislar de esta nueva variante ómicron que podría muy pronto convertirse en la primera preocupación mundial.
Sin embargo, y por mucho que la pandemia haya vuelto al primer plano de la actualidad, eso no debe distraer la atención de otro problema que desde luego se anuncia más grave al menos en el medio y el largo plazo: el cambio climático. Al fin y al cabo, ya estamos viendo las consecuencias en forma de extremos hídricos en España, donde inundaciones y sequías son cada vez más comunes. Y es que, aunque las precipitaciones de esta última semana han logrado mantener e, incluso, incrementar una décima el porcentaje de agua embalsada, los datos sitúan a la reserva hídrica un 26,71% por debajo del volumen medio de agua embalsada en los últimos diez años y un 47% por debajo de la situación en la que se encontraban los embalses hace un año.
Lo peor sigue en el Guadalquivir, que ha declarado la situación de sequía. Esta semana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha acordado, ante la situación de emergencia por la sequía, hacer uso de lo previsto en el artículo 56.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que le faculta “para, sin incoar expediente, precintar de manera provisional pozos irregulares de agua y en un plazo de 15 días incoar el expediente” y demostrar que hay dichos incumplimientos.
Ante esta situación, cada vez urge más apostar por fuentes alternativas de agua que palien en cierta medida la escasez hídrica a la que parece que tendremos que acostumbranos. Eso es precisamente lo que hace la localidad barcelonesa de Gavà, que acaba de inagurar una instalación que muestra un camino de futuro y eficiencia aplicado a la gestión de recursos hídricos, que son siempre esenciales y más en un contexto de cambio climático como el que vivimos.
En concreto, el Ayuntamiento de de Gavà, Aigües de Barcelona y el instituto tecnológico Cetaqua han inaugurado en la calle Olocau, ante la oficina de atención al cliente que la compañía de aguas tiene en el municipio, un punto de recarga inteligente de agua subterránea para el riego y la limpieza de las calles que permite conocer con detalle los patrones de consumo. Se trata de Recaigua que, en una primera fase, permitirá que la empresa municipal PRESEC pueda ahorrar hasta 3.000 metros cúbicos de agua potable cada año en las tareas de limpieza y jardinería. También se está estudiando la viabilidad de un segundo punto de recarga inteligente en el parque empresarial para usos industriales de aguas regeneradas.
No ha sido la única novedad en este sentido esta semana. El fósforo y el nitrógeno son dos de los principales nutrientes empleados como fertilizantes en España y la Unión Europea, pero su extracción primaria tiene en general un alto coste ambiental, ya que hablamos de procesos intensivos en energía que además no son renovables, por lo que una explotación excesiva podría comprometer su futuro. Sin embargo, la solución a este problema podría encontrarse mucho más cerca de lo que pensamos. Gracias a una alianza entre el sector del agua, la academia y las instituciones europeas, el proyecto LIFE ENRICH ha podido investigar las posibilidades de las EDAR (Estación de Depuración de Aguas Residuales) como auténticas biofactorías, con las que se puede contribuir a impulsar los principios de la economía circular mediante la recuperación de estos dos nutrientes de las aguas residuales y su posterior uso como fertilizantes de cultivos.
Tras cuatro años de intenso trabajo, LIFE ENRICH ha sido presentado este martes en un seminario web abierto al público en el que han participado todos los actores involucrados en su desarrollo. Según todos los participantes en el proyecto, los resultados solo pueden calificarse de éxito, ya que los porcentajes de recuperación de fósforo y nitrógeno han sido los esperados.
Cerramos este repaso semanal con una efeméride: este 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha con la que la ONU busca impulsar las políticas en favor de estas personas, que continúan enfrentándose a numerosas barreras en su camino por la plena inclusión. Brechas que de un modo u otro vulneran derechos humanos tan básicos e importantes como lo son el derecho al agua y al saneamiento seguro, cuya ausencia implica la imposibilidad de alcanzar el resto de los derechos universales y la propia Agenda 2030.
En este sentido, la ONU expone en uno de sus informes que las personas con discapacidad enfrentan más dificultades para acceder a agua, saneamiento e instalaciones de higiene (WASH) que las que no tienen discapacidades debido principalmente “a factores económicos”, pero también “sociales” que van desde la discriminación hasta ciertas carencias en la dignidad por no disponer de servicios accesibles para ellos.
En España, la nueva Orden Ministerial de condiciones básicas de accesibilidad, que obliga a incluir por primera vez la lengua de signos y la vídeo-interpretación en espacios públicos urbanizados, es la materialización pública de esos pilares y, aunque represente un gran paso, hay que destacar que existen empresas, entre ellas las del sector del agua, que se han adelantado a la norma.
¡Buen fin de semana a todos!
Crédito: Enlace fuente
