A través de un Decreto Supremo de la PCM, se dispuso agilizar 35 procesos administrativos cuya tramitación se encuentra a cargo de los Gobiernos Regionales. El efecto de la medida se aplicará en 13 procedimientos en materia de acuicultura, 10 en pesca, seis en industria, dos relacionadas a mype y cuatro en el ámbito ambiental. La norma entrará en vigencia a partir del 10 de marzo.
Al respecto, David Epstein, director del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNP, comentó que reciben este Decreto Supremo de una manera muy grata, ya que venían trabajando desde el mes de noviembre con este proyecto con el Ministerio de Producción. Resaltó, asimismo, que ayudará a mejorar la competitividad de las exportaciones peruanas de recursos hidrobiológicos.
“A raíz del ingreso del ministro Chicoma y la viceministra de Pesca, Úrsula León, ha habido una gran gestión en conjunto del sector privado y público para flexibilizar, agilizar y estandarizar los engorrosos procesos industriales y artesanales para las empresas que estamos en la pesca de consumo humano”, apuntó.
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En tanto, Alfonso Miranda Eyzaguirre, exministro de la Producción y presidente de Calamasur, sostuvo que espera su puesta en vigencia, “porque en Perú las normas no solo hay que aprobarlas sino ejecutarlas”. A su vez, reconoció que el concepto del DS es muy bueno porque básicamente busca solucionar el caso que para un mismo procedimiento hay diferentes criterios.
Puso como ejemplo el certificado de captura que deben obtener las empresas del rubro. El Ministerio de la Producción pide determinados requisitos, pero cada gobierno regional puede cambiar sus exigencias. Por lo que una misma embarcación que pescaba en Arequipa o Piura tenía distintos requisitos que si lo hacía en el Callao.
Lo que permite la nueva norma es que todos los procedimientos se van a uniformizar, tanto para la pesca industrial, como artesanal. Para Miranda esto es importante porque hace que la pesquería sea más predecible, rápida y es una manera de aminorar trámites y evitar trabas.
Asimismo, Jennifer Vilches, especialista en derecho pesquero en Hernández & Cía. Abogados, mencionó que, por ejemplo, para solicitar una concesión de acuicultura en un gobierno regional el nuevo plazo será de siete días hábiles para que la administración lo resuelva. Apuntó que se deberá evaluar si ese plazo es alcanzable, porque existe el silencio administrativo negativo, que si en ese tiempo no responden entiendes que te negaron el pedido.
“Otro punto que se debe evaluar es si los gobiernos regionales tienen la capacidad de recibir esta carga administrativa. Como sugerencia se debe capacitar a los profesionales para que puedan atender los pedidos adecuadamente”, precisó Vilches.
Añadió que este DS tendrá impacto en la acuicultura. Al dar a los gobiernos regionales estas facultades facilita que las personas de la zona puedan iniciar y solicitar una concesión de acuicultura en el futuro. Y aplica para todos, desde personas naturales, hasta empresas grandes.
Bajo el mismo criterio, Epstein manifestó que muchos pescadores artesanales están en proceso de formalización, y la normativa permitirá agilizar los trámites de titularidad.
“En general, creo que es momento de que hayan medidas de reactivación de promoción para recuperar lo perdido en el 2020 y poder, con un proceso de vacunación en camino, seguir creciendo sostenidamente”, mencionó Epstein.
Mientras que Miranda sostuvo que la actividad pesquera necesita soluciones prontas y ejecución sencilla. Y propuso que estas simplificaciones administrativas sean replicadas por otras instituciones.
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