José Miguel Barjola. – El Consejo de la Abogacía Española (CGAE) ve en el Internet de las Cosas un nicho de negocio que reclama “la atención urgente de los abogados”. Así lo ha declarado Eduardo Iscar, decano del Colegio de Abogados de Salamanca, en la sesión formativa Objetos conectados y Abogacía, que tuvo lugar este martes en la sede del CGAE.
El evento, coorganizado por el CGAE y Wolters Kluwer y retransmitido online, contó con la intervención de Moisés Barrio, director de diploma Legal Tech y Transformación Digital, y José Luis Ruiz López, socio de Braintrust.
La principal conclusión a la que llegaron los expertos es que el IoT (siglas de ‘Internet of Things‘) plantea un sinfín de nudos legales en términos de derechos de usuarios y consumidores, hoy ya palpables. En en un futuro no muy lejano se multiplicarán las consultas a letrados y los pleitos sobre estos asuntos. Estos litigios abarcarán protección de datos, privacidad, derecho laboral, responsabilidad de daños, o ciberseguridad, entre otras materias.
¿Qué es el Internet de las Cosas?
El Internet de las Cosas es la tecnología que conecta objetos cotidianos a la red para potenciar sus funcionalidades.
Ruiz López puso un ejemplo: si a una butaca de trabajo le instalamos chips sensores, podemos conseguir que el propio objeto avise a la persona cuando tenga una mala postura. Así “convertimos una butaca normal en un producto que genera información”, explicó. Por su parte Moisés Barrio mencionó las neveras inteligentes, que “detectan cuando se va a acabar la leche o el zumo y mandan un pedido a Amazon para que siempre haya suministro”.
Actividades cotidianas como comprar, dormir, andar o respirar pueden ser objeto de monitorización y recopilación de datos con la IoT. Los wereables, la ‘tecnología ponible’, como los relojes o la ropa inteligente, están diseñados para recoger información ultrasensible como el ritmo cardiaco o la frecuencia respiratoria. Un avance con luces y sombras. En el lado positivo, estos inventos “nos permiten conocernos mejor biológicamente”, apuntó José Luis Ruiz. En la cara negativa “exige tener claro quién tiene el control y el derecho al acceso a esta información y qué nuevos marcos éticos y jurídicos surgirán de la interacción entre personas y objetos”, apostilló.
Moisés Barrio destacó que el IoT no es algo nuevo. El Internet de las Cosas apareció por primera vez en 1999, pero ha sido en los últimos años cuando ha vivido una explosión en la Industria, y ahora también en los hogares.
En este sentido, la Comisión Europea ya advirtió en un informe de 2009 de la amenaza que podría acarrear monitorizar bombillas, relojes o incluso calles. El “derecho al silencio de los chips” -elegir cuándo un aparato puede recoger datos y cuándo no- era una posibilidad que ya entonces estaba encima de la mesa. Pero aún en 2020 no es un derecho totalmente pleno, coincidieron los ponentes. Así lo demuestra las escuchas no consentidas que Amazon ha admitido realizar a través de sus productos.
Un nicho para abogados
Iscar dejó claro que “desde el CGAE nuestro interés es meterse de lleno en el asunto y ocupar el nicho de mercado que hay”. Los abogados deben ver aquí oportunidades, apuntó el decano de la Universidad de Salamanca, un papel que abarcaría “desde el desarrollo del producto a la protección del consumidor”, afirmó. Admitió que muchos compañeros permanecen “escépticos” ante el fenómeno, pero aseguró que se equivocaban. “La tecnología sólo será una amenaza si se le da la espalda”, advirtió.
Para Ruiz López, de Braintrust, el Internet de las Cosas cambiará el paradigma del mercado de consumo. Los contratos usuario-productor enfocarán su objeto a la prestación de servicio, y no a la entrega de un aparato, un modelo “te regalo la báscula por descargar la app” que “tendrá mucha relevancia jurídica”
En el ámbito de los consumidores, el tratamiento masivo de datos y la creación de perfiles abre la puerta a las discriminaciones, destacó Ruiz. Una Inteligencia Artificial podría calcular esperanza de vida de un usuario si conoce sus constantes vitales. “Una aseguradora podría utilizar estos datos para cambiar el precio de la prima de un seguro de vida”, apuntó el experto.
La responsabilidad por daños sería otro de los grandes cajones de pleitos. “Pensemos en un juguete que responde preguntas a un niño. Si de forma automática toma las respuestas de fuentes como Wikipedia -en el mejor de los casos- se podrían dar respuestas problemáticas a un menor”, explicó Moisés Barrio.
El otro gran problema del “Internet total” son los ciberataques. Podrían afectar a ciudades enteras, apuntó Ruiz. En especial tras el auge de las Smart Cities. Daños que derivarían a pleitos de responsabilidad patrimonial contra las administraciones.
Son varios los vacíos legales que la irrupción del IoT plantea. A falta de una regulación específica, el armazón jurídico de esta tecnología, que ya se consume de forma masiva, se está construyendo con base a “contratos extensos y complejos”, explicó Barrio, pero “falta un tratado internacional” que regule las múltiples aristas jurídicas del fenómeno. Por el momento, “la legislación se espera a nivel europeo”, apuntó doctor en Derecho.
Detrás de estos objetos interconectados hay contratos extensos y complejos. Un armazón jurídico provisional que precisa de un tratado a nivel internacional, subraya Moisés Barrio
Informe Abogacía Futura
La herencia digital, el Internet de las Cosas, las SmartCities… Todos estos asuntos han sido tratados en el informe ‘Abogacía Futura 2021: Prospectiva de negocio emergente’, elaborado por la Abogacía Española, en colaboración con Braintrust, la Mutualidad de la Abogacía y Wolters Kluwer que puedes descargarte gratuitamente en este enlace. Este documento aborda las principales áreas de futuro en el negocio jurídico y supone una actualización del Informe presentado en el XII Congreso Nacional de la Abogacía en 2019.
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