Durante el momento de la sanción del Código Penal vigente, se vivía un interesante proceso de democratización del país, tras la asunción del Presidente Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, quien presidía la comisión reformadora era un opositor que pertenecía al Partido Conservador, con las tensiones propias del partido de gobernante.
El merito del diputado Rodolfo Moreno (1879-1953), fue lograr que se integrara una comisión especial para estudiar un anteproyecto anterior (1906), iniciando de este modo el proceso -con muchos vaivenes- que culminaría con la sanción del Código Penal de 1921.
Dentro del contexto de su tiempo, fue innovador, sistemático y progresista, ya que incorporó a su texto los delitos federales (ley 49), abolió la pena de muerte, delimitó la penas, introdujo la libertad condicional y definió una formula clásica de inimputabilidad, entre otras, cosas. Y con el mérito adicional de haber sido el primer cuerpo normativo que unificó la totalidad de la legislación penal, hasta entonces dispersa, cumpliendo acabadamente el mandato constitucional impuesto por el constituyente originario (1853) de lograr un código punitivo único para todo el país.
Su texto original dejó de lado la fuerte influencia del positivismo criminológico imperante en el pensamiento de la época, que partía de las ciencias naturales y el método científico, para postular el modelo sanitarista al referirse a la sociedad como un cuerpo, que podía enfermar, de la criminalidad, como una patología social, una enfermedad, que debía ser trata por el derecho penal.
De hecho, al momento de su sanción, recibió severas críticas por su eclecticismo. Se consideró que había nacido tarde, porque la influencia clásica que en parte revelaba estaba en desacuerdo con las nuevas ideas penales encarnadas por la escuela positiva, pero sin embargo sentó las bases para el desarrollo del derecho penal moderno argentino y una jurisprudencia estable por parte de los tribunales federales y provinciales.
El texto de 1921 permaneció en vigencia casi intacto durante más de cuatro décadas, pero a partir de los años sesenta fue masivamente reformado por gobiernos de facto en un contexto de la guerra fría a nivel global. No obstante, la arquitectura general del Código se mantenía hasta hoy en día, en sus líneas maestras, aunque paulatinamente fue siendo erosionado por la falta de una política criminal legislativa estable y planificada, que terminó por generar desproporción orgánica entre los bienes jurídicos y las penas previstas para su lesión.
Luego de las numerosas modificaciones realizadas al Código Penal, es evidente que el problema proviene de la técnica legislativa consistente en modificar tipos penales en forma aislada, desconociendo la sistemática del Código Penal en su formato originario.
Dentro del contexto de su tiempo, fue innovador, sistemático y progresista.
Lo paradójico de la mal llamada “crisis penal” en cuanto a la expansión legislativa es que sigue manteniendo como único signo de estabilidad una matriz adaptable a nuevas formas del fenómeno punitivo que producto de la flexibilidad de sus cánones originarios.
En síntesis, pueden haber cambiando y sofisticado los fundamentos, fines, métodos científicos y estructuras de derecho penal, pero un dato indiscutible es que los cambios suscitados en los últimos cien años encuentran aún una respuesta en un código de cien años, producto del consenso en su tiempo, tanto al mundo de las ideas jurídicas como políticas, para sancionar una pieza esencial para el correcto funcionamiento del sistema penal argentino que dura hasta la fecha.
(*) Horacio Romero Villanueva es profesor Titular de Derecho penal de la Universidad del Salvador
Crédito: Enlace fuente
