El 2020 cerró con cifras positivas en cuanto a erradicación de cultivos ilícitos pues se logró, según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la meta de 130 mil hectáreas. Sin embargo, el gran reto del Gobierno del presidente Duque para este año es disminuir de forma sustancial los narcocultivos, y así perfilarse a cumplir la meta a la que se comprometió con el país y con Estados Unidos: reducirlos a 50% al final de su mandato, es decir a unas 100 mil hectáreas. Hasta el momento ha logrado frenar su crecimiento.
A finales de marzo próximo se conocerá el informe de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, de Estados Unidos, sobre narcotráfico, que entregará cifras sobre producción de cocaína y cultivos ilícitos con corte al 31 de diciembre de 2020.
En el caso de los narcocultivos este informe es clave para saber si hay una mejoría, pues el estudio que entregó la Casa Blanca en marzo pasado arrojó que Colombia cerró 2019 con 212.000 hectáreas de coca, presentando un crecimiento, pues en 2018 la cifra fue de 208.000 hectáreas.
No obstante, la administración Duque salió mejor librada en el informe de julio pasado que entregó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), el cual encontró al 31 de diciembre de 2019 una reducción del 9% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000. A pesar de esta reducción, la producción de cocaína se mantuvo estable.
El anterior informe Simci, con fecha de corte 31 de diciembre de 2018, también había mostrado algunos avances en la reducción de cultivos ilícitos pues bajaron a 169 mil hectáreas, de 171.000 hectáreas en el año 2017.
En agosto de 2019 el jefe de Estado destacó que “este reporte muestra que, por primera vez en prácticamente siete años, se quebró la tendencia de crecimiento exponencial (de cultivos de coca). No solamente paró, sino que se registra un descenso en el área sembrada cercano al 1,2 por ciento”.
El presidente Duque ha sido criticó con su antecesor Juan Manuel Santos porque en su segunda administración se incrementaron los cultivos ilícitos, lo que atribuye principalmente a la decisión de este de suspender en 2015 las aspersiones aéreas con glifosato.
En días pasados Duque dijo que no está hablando con retrovisor porque destacó que la política que se tuvo entre el año 2000 y 2014 “venía funcionando y ahí estamos hablando de la administración Pastrana, administración Uribe y primera administración del presidente Santos, en cuanto a la reducción de cultivos”, pero “se decide cambiar la agenda, y entonces se da por terminada la aspersión, que perfectamente se puede conciliar con los lineamientos de prevención ambiental y en salud”.
Con la aspersión aérea según las autoridades se pueden erradicar a diario entre 400 y 600 hectáreas de hoja de coca, mientras que manualmente se llega a 170 hectáreas.
El desafío
El reto que tiene el gobierno del presidente Duque de reducir significativamente los cultivos ilícitos no es fácil pues cuando asumió el poder encontró 169.000 hectáreas, según el estudio Simci, y 208.000 hectáreas, de acuerdo con el informe de la Casa Blanca.
En días pasados el Ministro de Defensa en su balance de fin de año dijo que “al inicio del gobierno del presidente Iván Duque, en agosto de 2018, había en el país más de 177.000 hectáreas de cultivos ilícitos; por eso, con el esfuerzo (…) en actividades de erradicación manual, logramos detener el incremento exponencial que venía desde el año 2013”.
Sin embargo, el ministro Trujillo García reconoció que “el problema es la resiembra, la cual ubicamos en un 30 o 35 por ciento, de allí la importancia de volver a la aspersión aérea”.
Ello significa que de las 130 mil hectáreas de coca que grupos de soldados y policías erradicaron este año, es muy posible que haya una resiembra en los próximos meses de unas 40 mil hectáreas, dificultando en gran medida las metas de reducción del Gobierno. Más teniendo en cuenta que la Casa de Nariño le ha apostado a la erradicación manual forzada a falta de la aspersión aérea con glifosato, de la cual está a la espera de poderla reactivar una vez tenga listos los requisitos que ordenó la Corte Constitucional, básicamente para prevenir que el herbicida al ser esparcido afecte la salud de las personas y el medio ambiente.
La erradicación manual, además de que toma más tiempo, es más complicada de ejecutar por razones de seguridad para los erradicadores porque en las zonas de narcocultivos como Antioquia, Nariño, Cauca y Norte de Santander, hay fuerte presencia de grupos armados ilegales que manejan el negocio e incentivan a los campesinos a sembrar.
El año pasado perdieron la vida 3 policías, 9 militares y dos civiles; además 78 personas entre uniformados y civiles resultaron heridos, algunos sufrieron amputaciones al pisar minas sembradas, cuando participaban en tareas de erradicación.
Otro inconveniente no menor que enfrenta la erradicación manual es la fuerte oposición en algunas regiones por parte de campesinos que se oponen a que se destruyan los cultivos ilícitos, de los que derivan su sustento. Las autoridades aseguran que en la mayoría de los casos los grupos delincuenciales los presionan para frenar estas labores.
En otros frentes de la lucha contra el narcotráfico Colombia tiene cifras para mostrar al cierre del año pasado: la incautación de 472 toneladas de clorhidrato de cocaína, un incremento del 17% con relación al 2019, así como la incautación de 2.527 toneladas de hoja de coca, un 9% más que en 2019.
Si bien estas cifras son el resultado de las políticas de la administración Duque y el trabajo de la Fuerza Pública, el gobierno norteamericano, hasta el 20 de enero próximo en manos de Donald Trump, ha sido insistente con Colombia sobre la necesidad de reducir sustancialmente los cultivos.
Glifosato
El Gobierno avanza en las diligencias para reactivar las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos, el pasado 19 de diciembre la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) desarrolló una audiencia virtual informativa dentro del procedimiento administrativo acerca de la modificación del Plan de Manejo Ambiental con el que se busca retomar las aspersiones aéreas en 104 municipios distribuidos en 14 departamentos.
Esta audiencia no se había podido realizar atendiendo una tutela que presentaron organizaciones sociales que alegaron la vulneración de su derecho a la participación por hacerse de forma virtual.
En días pasados el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que “el Gobierno sigue con el propósito firme de continuar en un mes o dos meses con la aspersión aérea. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la sentencia de la Corte Constitucional y de la ANLA, en todo lo correspondiente a las gestiones necesarias para poder actuar como siempre… calculo que entre un mes y dos meses estaremos reanudando”.
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