Este año que inicia se llevará a cabo el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país, en el que se someterán a la decisión popular de 92.4 millones de votantes más de 21 mil cargos de elección popular, entre los que se encuentran 500 diputados federales, 15 gubernaturas en las entidades federativas, así como ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales.
En medio de la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 que actualmente se agudiza, las instituciones electorales, los partidos políticos, los candidatos y demás actores tienen ante sí un desafío logístico y administrativo de una magnitud inédita.
La complejidad de nuestro sistema electoral, en buena medida derivada de la desconfianza por años de irregularidades en las votaciones durante la vigencia del régimen del partido hegemónico, implica, entre otras cuestiones, la minuciosidad en los procedimientos para la integración del listado nominal con fotografía; la emisión de las credenciales congruentes con él; la elaboración de tinta probadamente indeleble; la impresión de las boletas con múltiples candados de seguridad, foliadas e identificadas; la insaculación, captación y capacitación de los más de 1.4 millones de funcionarios electorales; la instauración de mecanismos de conteo rápido; así como de procedimientos para registrar los resultados definitivos. Todo esto con el objetivo de dotar de certeza a los ciudadanos que acuden al compromiso democrático ante las urnas, con la expectativa de que su voto sea contado efectivamente y que la voluntad de la mayoría sea la que prevalezca.
Sin demérito de la importancia que tiene la gestión del proceso electoral, se debe remarcar su relevancia desde la perspectiva social, al ser un evento que pondrá a prueba la fortaleza de nuestro modelo de régimen político. Nos encontramos en un contexto histórico en el que la Constitución y el marco legal privilegian una visión que pone en el centro a las personas y a sus derechos; asimismo, las instituciones democráticas han fortalecido su funcionamiento y le dan sustento a la alternancia en el ejercicio del poder público; mientras que la transparencia y la rendición de cuentas avanzan en el ámbito electoral.
Así, es posible decir que existe una amplia y sólida infraestructura institucional, normativa, administrativa y procedimental que sustentan el ejercicio del derecho a votar y a ser votado. Si bien es cierto que todo esquema jurídico es perfectible, los avances son innegables en el caso mexicano. La posibilidad para un pluralismo partidario amplio; la paridad de género como un deber; la justicia electoral profesional, expedita e independiente; son algunos ejemplos positivos sobre la adecuación del entorno comicial, hasta hace algunos años impensables en el escenario del régimen de partido único.
Sin embargo, el perfeccionamiento de la democracia no se limita a la implementación de mejoras en la estructura normativa y de gobierno, se necesita la contribución cotidiana de la sociedad mediante la participación intensa en el espacio público. El propósito del arreglo democrático que rige nuestra vida en común es garantizar el bienestar de las personas y las condiciones de equidad en la sociedad. Por ello, la democracia adquiere eficacia con ciudadanos que votan de manera informada, con conciencia acerca de las ofertas políticas de los partidos y de su viabilidad; conocedores de las trayectorias de los candidatos; y con capacidad de exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Ante esto, queda en la sociedad la responsabilidad por maximizar su involucramiento en los procesos electorales, que constituyen la oportunidad de decidir el rumbo de la nación a partir de decisiones políticas fundadas en la reflexión profunda de lo que se quiere para el país, siempre en función del interés general. Adicionalmente, en estas elecciones se podrá refrendar la vocación democrática de una ciudadanía que en 2018 decidió, por mayoría, dar un golpe de timón y otorgarle la oportunidad de gobernar al país por primera vez a un proyecto que aglutinó a diversos sectores de la izquierda mexicana. Es de esperarse un nivel de participación semejante, con la aceptación sin discusión de los resultados y la perspectiva de establecer consensos entre las fuerzas partidistas y sociales.
Una vez cerradas las urnas y declarados los ganadores, como parte del juego democrático, es tarea de la ciudadanía velar por el trabajo adecuado de las instituciones, cooperar para su consolidación y exigir la rendición de cuentas sobre su actuación. También lo es vigilar que no existan tentaciones desde el poder por incidir negativamente en los derechos y libertades que se han conquistado en nuestro país, muchas veces con base en grandes luchas y sacrificios.
El proceso electoral de este año es una oportunidad para dar continuidad a la construcción de una ciudadanía exigente, activa, con conocimientos e información de las cuestiones públicas, a partir de la convicción de que entre más personas acompañen a sus representantes en el ejercicio de gobierno tanto mejor será para la vida democrática de la nación.
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